Por Pilar Molina

Sin duda que la democracia es el mejor de todos los sistemas de gobierno, ya que cuando se aplica bien y comprende la libertad también en la economía, asegura la creación de riquezas y mayor bienestar a toda la población. Lamentablemente, la libertad intrínseca a la democracia permite su propio desprestigio, hostigamiento, ineficacia  y hasta aniquilamiento.

Hace no tantos años Chile recuperó “el gobierno del pueblo” e inauguró un período inusitado de crecimiento económico y estabilidad política. Ambos comenzaron a perforarse rápido en 2013. A Michelle Bachelet ya no le interesó seguir con la receta de prosperidad, sino que, por el contrario, renegó de ella, descalificando el neoliberalismo como segregador y volvió a las fórmulas socialistas fracasadas que dicen buscar la igualdad pero se traducen en pobreza.

Los políticos han hecho muy bien su pega para deslegitimar asimismo el sistema. Abocados a reformas de corto plazo a cambio de populismo, son incapaces de generar soluciones eficaces y sostenibles en todas las áreas, como la previsional. Se han demostrado ineptos incluso para mejorar las AFP, eludiendo los necesarios cambios para aumentar el ahorro que se transforma en pensiones. No pueden crear, pero son eficientes en destruir y en eso está la mayor parte de la oposición, desfondando las pensiones en vez de mejorarlas, retiro tras retiro.

Son intrínsecos a la democracia el diálogo y los acuerdos. Pero eso es precisamente lo que ha desaparecido del Congreso, donde dan vuelta la cara a los problemas reales de los ciudadanos. Prefieren la inamovilidad a conceder.

Maravillosa democracia que permite expresarse, manifestarse y protestar. La Constitución garantiza “el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas”. Qué darían los ciudadanos de Hong Kong por tener lo que disfrutamos en Chile. Su legitimidad, sin embargo, sucumbe cuando el Estado no es capaz de reprimir la violencia callejera o de cualquier tipo, o se inhibe de hacerlo para no ser cuestionado.

Ese es el mundo feliz para los narcos que se toman las poblaciones o los que usan la fuerza para derribar garantías constitucionales mínimas como el derecho a la seguridad personal o el derecho de propiedad. ¿Qué adhesión genera el sistema a una persona que vive con toque de queda en una población controlada por narcos o a un agricultor que debe compartir el fruto de su trabajo con quienes lo extorsionan so pena de quemarle la cosecha?

Tribunales y ministerio público independientes y eficaces son pilares de una democracia. Pero cuando no hay acceso a la justicia ésta no funciona. Estamos llenos de fiscales dedicados a las cámaras de televisión, montando juicios públicos con personas que ellos ignoran si son inocentes o culpables. Piénsese en el linchamiento mediático del tío abuelo del pequeño Tomás, o en la fiscal Chong que pidió prisión total para el carabinero que chocó con el manifestante de Pío Nono, inventando que lo había tomado por los pies y lanzado al agua.

¿Cómo confiar en el Derecho cuando no hay un solo detenido, ni uno solo, por el asesinato de 5 ciudadanos en 2020 y 2 este año en la macrozona sur del conflicto mapuche? En vez, proliferan jueces que impiden a los gobernantes usar las herramientas para mantener el orden público o expulsar inmigrantes ilegales y algunos se transforman en legisladores.

¿Cómo se va a proteger el Estado de Derecho si son organismos del sistema democrático los que se dedican a perseguir a las policías y a las autoridades de gobierno, acusándolas de violar los derechos humanos, en vez de a los delincuentes?  ¿Y quién defiende a las víctimas de esos antisociales? Nadie con el poder con que el sistema democrático ha ungido al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La democracia permite a los ciudadanos agruparse en partidos políticos, grupos religiosos o asociaciones gremiales para perseguir sus fines. Algunos, sin embargo, usan esta libertad para lograr leyes o influir a favor de sus intereses y en desmedro del resto de los chilenos. Cuando los poderes ceden a estas presiones, mantienen a los niños un año sin clases presenciales, le quitan el apoyo a las policías para el uso legítimo de la fuerza para proteger a las personas; desconocen los derechos de los padres con sus hijos o dan sueldos millonarios e inamovilidad a ciertos trabajadores. En resumen, satisfacen grupos poderosos en vez del bien común.

La falta de respuesta del Estado es la ruptura del pacto social que justifica su existencia, que paguemos impuestos y que renunciemos a ciertas libertades en aras de bienes superiores.

Lamentablemente, cada día tenemos menos democracia. Hay demasiados assessins que insisten en destruirla. El tradicional restorán francés con ese nombre sobrevivió a la Unidad Popular y a la dictadura, pero no a la democracia. El vandalismo tolerado en el sector de Lastarria pudo más, asesinando la iniciativa privada de 56 años.