Es inhumano mantener en prisión a personas aquejadas por enfermedades en fase terminal o de edad muy avanzada o que tengan un menoscabo físico o mental incapacitante e irrecuperable que les provoque una dependencia severa. Por esta razón el Presidente de la República envió al Congreso un proyecto de ley que sustituye, en esos casos, la pena privativa de libertad por reclusión domiciliaria total (boletín 12.345-07).

No existen motivos de política criminal que exijan que tales personas deban terminar de cumplir sus condenas bajo un régimen de encierro. Lo razonable sería que les fuese concedida la libertad condicional. Mantenerlas privadas de libertad, aunque sea en sus casas, no cumple con la finalidad esencial de las penas privativas de libertad, que es la “reforma y la readaptación social de los condenados”, especialmente si durante más de cuarenta años han mantenido una conducta intachable (arts. 5 de la CADH y 10 del PIDCP).

Adolfo Paúl Latorre, Abogado