Iniciativa impulsada por sectores de Chile Vamos, y que fue uno de los compromisos de campaña de Piñera, se encuentra sin urgencia en su primer trámite en el Senado.

PorIsabel Caro, La Tercera.

 El 28 de diciembre de 2018, el gobierno ingresó al Congreso la denominada “Ley Humanitaria”, norma que modifica el Código Penal permitiendo que condenados por diversos delitos, incluso de lesa humanidad, puedan acceder a la sustitución de sus penas en caso de padecer una enfermedad en fase terminal, tener un menoscabo físico grave e irrecuperable que le provoque una dependencia severa o tener 75 años al momento de cumplir la mitad de la condena.

Si bien la iniciativa está contemplada en el programa de gobierno del Presidente Sebastián Piñera, fue ingresada justo luego que desde algunos sectores de oficialismo, principalmente de la UDI y RN, pidieran a La Moneda acelerar su envío.

Sin embargo, a seis meses de que el Mandatario firmara el mensaje, la normativa se encuentra en su primer trámite en el Senado y no ha registrado avances. De hecho, no ha sido votada ni siquiera en su idea de legislar.

Pese a que durante los primeros meses de este año el proyecto fue revisado por la Comisión de DD.HH. de esa corporación y recibió en audiencia a agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y a defensores de condenados por delitos de lesa humanidad, la instancia no ha seguido con su tramitación en vista de que el Ejecutivo no ha aplicado ningún tipo de urgencia.

En ese contexto, desde el oficialismo llamaron a La Moneda a evitar dejar en el “ostracismo” un debate que consideran relevante y a darle celeridad al proyecto. “Lo peor que puede pasar es que estas discusiones se mantengan eternamente en el ostracismo.

Para nosotros en la UDI es muy importante que esto se acelere”, sostuvo la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe a La Tercera.

En la misma línea, el presidente de RN, Mario Desbordes, señaló que la iniciativa “es sobre todo un compromiso de campaña” y destacó que “la ley beneficia a todos los presos que cumplan ciertos requisitos y deja a Chile con estándares internacionales en materia de DD.HH. (…) por lo que le hemos pedido al gobierno varias veces que la haga avanzar”.

Desde La Moneda aseguran que si no se ha activado la tramitación es porque, precisamente, se han priorizado otros proyectos en la Comisión de DD.HH., como, por ejemplo, la denominada ley de mortinatos, que busca establecer un catastro nacional de no nacidos y facilitar su individualización y sepultación, proyecto que se encuentra con urgencia suma.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo al respecto que “es de nuestro mayor interés promover la tramitación de la ‘Ley Humanitaria’ y esperamos que el Senado pueda avanzar lo antes posible”.

La urgencia oficialista Además de este llamado, el oficialismo había pedido el año pasado que se acelerara la tramitación de la “Ley Humanitaria”, ofensiva que estuvo precedida por la decisión de la Corte Suprema -a fines de julio de 2018- de conceder la libertad condicional a seis reos que cumplían condena por violaciones a los derechos humanos, hito que por esos días instaló con fuerza la discusión sobre si los condenados por ese tipo de delitos tenían o no derecho a recibir beneficios carcelarios.

La resolución del máximo tribunal terminó con la oposición acusando constitucionalmente a tres jueces de la Corte Suprema y abriendo una pugna entre el Poder Judicial y el Legislativo, lo que obligó a los parlamentarios a reactivar una comisión mixta para zanjar, a través de una ley, las condiciones para que tanto esa población penal como la común pudiesen optar a la libertad condicional.

La ley de libertades condicionales, que fue despachada en noviembre por el Congreso, de hecho, incluyó a los condenados por delitos de lesa humanidad, quienes para optar a ese beneficio tendrán que haber cumplido al menos dos tercios de la pena, manifestar arrepentimiento y haber “colaborado sustancialmente” con la investigación.

A esa discusión, por esos días se sumó el fallecimiento de Carlos López Tapia, condenado a más de 87 años de cárcel como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados en el marco de la Caravana de la Muerte y por haber estado vinculado a desapariciones de detenidos en Villa Grimaldi, quien falleció el 15 de noviembre luego de que dejara su tratamiento médico tras negársele el indulto presidencial.

En ese contexto, desde la UDI y RN plantearon la posibilidad de que la “Ley Humanitaria” abarcara a condenados desde los 70 años, lo que finalmente no fue considerado por la propuesta que ingresó el Ejecutivo. Ese elemento y el hecho de que la normativa incluya a condenados por violaciones a los derechos humanos serán puntos clave cuando se retome la discusión.