En “El Mercurio” aparece hoy a ocho columnas el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, diciendo una falsedad: que ningún juez puede permanecer en el Poder Judicial si no aplica las leyes. Justo cuando acaba de nombrarse en la Corte Suprema a Mario Carroza, juez caracterizado, como lo probé en mi penúltimo blog, por no aplicar las leyes en juicios contra exmilitares.

Hoy, desde luego, ya ningún juez chileno aplica la Ley de Amnistía, pese a estar plenamente vigente. Lo está, pues la Corte Suprema, en pleno y por unanimidad, en fallo publicado el 25 de agosto de 1990, precisó que lo estaba, al decir textualmente: “Ninguno de los acuerdos internacionales vigentes limita la facultad de amnistiar; por el contrario, el referido Pacto de Derechos Civiles y Políticos reconoce expresamente la eficacia de esta institución, cuando en su artículo 6°, punto 4°, aun cuando se refiere a condenados a muerte, declara que la amnistía procede en todos los casos”. Además, en ese pleno la Suprema confirmó que ello no se opone a los Convenios de Ginebra, suscritos por Chile.

Hoy todo el mundo, menos el presidente de la Corte Suprema, sabe que la justicia no rige en los juicios contra exmilitares. En carta al mismo diario del 27 de octubre de 2019, el ex presidente del Colegio de Abogados, Sergio Urrenjola, decía: “A los exmilitares chilenos se les juzga  por el sistema antiguo penal, en que prevalece para condenarlos la prueba de presunciones; testigos febles, que declaran sobre hechos ocurridos hace 40 años ante un actuario, y por escrito, lo que luego el juez lee, con lo cual se dictan en muchos casos condenas injustas y sin ningún estándar mínimo de veracidad”. Y yo agrego algo que Urrejola omitió: las sentencias violan leyes expresas y vigentes, como las de amnistía, prescripción, cosa juzgada y el principio pro reo (ante una ley nueva, se aplica la más favorable al reo) contemplado en la Constitución.

En estos días el exbrigadier Miguel Krassnoff, condenado a, nos dice, ¡casi mil años de presidio! en esas condiciones, ha escrito un “Manifiesto” de 52 páginas que reiteradamente ha enviado al Presidente, al ministro de Justicia, a la Corte Suprema, al Comandante en Jefe del Ejército ¡ninguno de los cuales nunca le ha siquiera respondido! No le contestan, pero añaden la burla al escarnio de la injusticia: Gendarmería le ha enviado una carta perfectamente seria en que le manifiesta que en enero de 2450 tendrá derecho a pedir su libertad condicional.

Krassnoff pormenoriza las atrocidades judiciales de que ha sido víctima, principalmente por parte del exministro sumariante Alejandro Solís y también, por cierto, del citado Mario Carroza. Estuvo en 1974 un año y medio destinado a la DINA, donde su misión era interrogar a detenidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, grupo terrorista que perpetraba constantes atentados y asaltos de bancos en todo el país. Nunca detuvo a nadie. Casi mil años de presidio le han caído por secuestros que nunca cometió, de personas a las que jamás vio. Los jueces lo han penado, dicen ellos mismos en sus fallos, como parte de la “cúpula de la DINA”, en circunstancias que en 1974 era un teniente veinteañero al mando de cuatro personas menores que él. En más de un caso se le ha condenado dos veces por un mismo delito. En otros, por la muerte de mujeres miristas, como Diana Arón, caída en un combate en que no participó, pues estaba fuera del país; o Lumi Videla, a quien jamás vio y cuyo propio hermano lo exculpó.

Yo supongo que dentro de cincuenta años (no menos) en las escuelas de derecho serias van a estudiar el “Manifiesto” de Krassnoff, quien ya lleva más de veinte años injustamente preso, principalmente a raíz de fallos de Solís (que jamás lo interrogó y a quien por primera vez vio cuando éste lo convocó “para conocerlo”, una humorada, a pocos días de jubilar y para una charla intrascendente “del gato con el ratón”.)

Cuando, mucho antes de eso, los estudiantes de 2070 cotejen esos fallos espurios y delictuales con la poca verdad contenida en los expedientes, van a comprender cómo entre 2000 y 2020 y tantos se vivió en Chile un negro período de “justicia imaginaria en un país imaginario”, en que los jueces podían impunemente atropellar las leyes, mentir y hacer desgraciadas a miles de personas inocentes y a sus familias; y perpetrar todo eso no sólo con impunidad, sino siendo honrados los más prevaricadores con el ascenso a la Suprema, a iniciativa y con el apoyo en el Senado de la mayoría de una derecha política traidora y canallesca a la que, supongo, en algún momento su electorado debería castigar.

Hermógenes Pérez de Arce