Los tensos episodios que han marcado la relación del Gobierno con las FF.AA.

El Mercurio

Las críticas del excoordinador de la macrozona sur a los militares es la última de una seguidilla de tensiones que desde el principio de esta administración han complicado la “química” entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo y que aun hoy divide. Acá, desde los recortes presupuestarios a los temas legales, esta es la historia.
Era febrero de 2019 cuando una emergencia en el sur hizo que varios de los ministros de ese entonces suspendieran sus vacaciones: La Araucanía y el Bíobío sufrían incendios forestales, que con el correr de los días se hicieron incontrolables.

Al mismo tiempo, los agricultores y ganaderos habían levantado la voz: querían la intervención de las Fuerzas Armadas. Tanto para que ayudaran en la emergencia como para que pusieran freno a los incendios intencionales -frecuentes en la época- en el marco de la violencia rural.

El gobierno cedió. Y se decretó estado de catástrofe.

Al día siguiente se produjo la primera reunión entre las autoridades civiles y militares de la zona…a la que el Ejército llegó con sus asesores jurídicos, con ley en mano.

Fue la primera vez, pero no la última. Según fuentes de la Intendencia de La Araucanía, en tres estados de excepción -por incendios, estallido y pandemia- ninguno de los cinco generales de zona que han estado a cargo en este tiempo ha asistido a alguna reunión decisiva sin su consejero legal. De ahí que en la zona aún generen extrañeza las declaraciones del excoordinador de la macro-zona, Cristián Barra, al respecto en «Reportajes”, criticando esos actos.

Lejos de los árboles y de la zona en crisis, varios km al norte, en el Palacio de la Moneda, también hay molestia con el aún asesor. Y a pesar de que muchos creyeron ver una operación del gobierno en las palabras del delegado, el Presidente solo se habría enterado de las declaraciones la noche del sábado.

Al mismo tiempo, según altas fuentes de gobierno, el Mandatario también cree que en el fondo de sus críticas “Barra tiene razón”.

En los tres años de gestión, muchas son las reuniones que el gobierno ha tenido con las autoridades militares. Y tras estas, según cercanos, la conclusión de varios -entre ellos el mismo Presidente Piñera– es inamovible. “Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna intención de volver a estar en la primera línea en una situación de seguridad interna”.

Algunos en el gobierno lo atribuyen a “falta de voluntad”. Otros a “una visión anticuada del rol que tienen”. Mientras, para la vereda del frente, los responsables están en la política.

Es un tema donde los acuerdos son difíciles de lograr. Pero no es la única tensión existente entre el gobierno y el mundo militar.

FALTA DE AFECTO

Dicen en el gobierno que la clave para llegar al corazón de las Fuerzas Armadas son “los fierro?, es decir el armamento. Yen eso, reconocen, no han tenido suerte.

“En el primer gobierno fue la crisis subprime, en el segundo, la pandemia. Esto ha hecho que no hayamos podido invertir cómo hicieron Lagos y Bachelet, que contenían el descontento a través de inyecciones de recurso?, dice una alta autoridad.

Algo que, este año, incluso se notó en un recorte de tres mil millones en el presupuesto. Un obús directo al núcleo de las FF.AA. “Son medidas necesarias en estos tiempos pero que, al ser un gobierno de derecha, ellos ven como falta de afecto”, explica una fuente.

Para cercanos al mundo militar, esta falta de “cariño”, va más allá. Se ve, dicen, en pequeños gestos, como las ausencias del Presidente a actos y condecoraciones donde solía asistir el Mandatario, como tradición. Detalles que muchos consideran como una característica generalizada de la centroderecha que, de acuerdo a entendidos, parece haberse centrado en eficientar la gestión -sobre todo económica- pero sin entender del todo la cultura propia de las instituciones militares. En esto apuntan principalmente al Presidente Piñera, quien desde su época de senador expresaba esta misma visión.

Algo que, agregan, se ve incluso en los nombramientos y, sobre todo, en los tres ministros de Defensa que ha habido. Un número inusual para una cartera que se considera como encargada de una política de Estado.

Los tres han tenido relaciones disímiles con las distintas instituciones.

Si bien se reconoce que en la época como ministro de Defensa de Alberto Espina se lograron acuerdos importantes, como el fin de la Ley del Cobre, el clima era “insoportable”. Se dice que incluso los comandantes en jefe tuvieron roces con el titular de la cartera en varias reuniones y que el jefe de Estado Mayor Conjunto de la época, vicealmirante Rodrigo Álvarez, le presentó un reclamo formal por el trato y que llego al punto de retirarse públicamente de algunos encuentros. Cercanos a Espina reconocen que era “duro”, pero a la vez destacan que «defendía”.

Otro que tuvo roces con las Fuerzas Armadas, hasta hace poco, fue el ya mencionado excoordinador de la macrozonasur Cristián Barra, cuyo rango, según los militares, “no le permitía dar órdenes a los generales”, algo que el gobierno sorprende pues él seguía instrucciones presidenciales. “Hay algunos que aun creen que son autónomos e inamovibles”, dicen desde La Moneda.

En contraste, el exsubsecretario de Defensa Gabriel Gaspar cree que “no queda claro cuál es la estructura de mando civil. Un delegado no está en la estructura institucional”.

Fuentes castrenses cuentan que, en contraste, la comunicación con el exministro Mario Desbordes fue muy fluida, aunque, hasta hoy, muchos resienten que haya durado tan poco en el cargo y lamentan una presunta “utilización política de este”.

Otro punto que ha hecho ostensible «ruido” en las FF.AA. son los casos judiciales por el escándalo de los sobreprecios de pasajes y viáticos, que provocaron que el gobierno diera de baja a 21 generales en 2018, algo que varios aún resienten.

El punto de inflexión, no obstante, fue el estallido del 18 de octubre de 2019, tras el cual las tropas debieron salir a las calles para reforzar a Carabineros, ante la molestia de los manifestantes. Una experiencia que, según se ha informado, no quisieron repetir en noviembre.

La violencia y demandas en las calles, asimismo, hicieron aparecer también un debate. ¿Qué pueden hacer las FF.AA. en materia de orden público? Una discusión que dura hasta ahora yen la que, en opinión de las instituciones, salieron perdiendo.

UN PROBLEMA LEGAL

“Nadie le está pidiendo a los militares que formen parte de la primera línea en La Araucanía”, dicen desde el gobierno. Por el contrario, en La Moneda explican que lo que se busca es que sean una especie de «segunda ola”, un apoyo a Carabineros, sobre todo con fines disuasivos y de patrullaje. “Que impongan presencia”, cuentan.

Pero incluso esto para las FF.AA. es difícil de asumir.

Según explican fuentes cercanas a los altos mandos, “los militares no tienen espaldas para eso. No cuentan con respaldo político ni legal”. Consideran, asimismo, que el gobierno los empuja a actuar, pero sin estar dispuesto a apoyarlos realmente si ocurre algo que genere críticas.

En esta línea hay dos conceptos que están resaltados en las carpetas de los asesores legales de las Fuerzas Armadas: las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la legítima defensa.

Pese a que las primeras fueron firmadas por el Presidente Piñera recientemente, en febrero del año pasado, para los militares no son suficientes.

“Las RUF son complicadas, limitan el empleo de las patrullas, y ponen una serie de requisitos antes de usar la fuerza”, dice el general (R) del Ejército Enrique Slater, vicepresidente del Cuerpo de Generales en Retiro.

Para él, el concepto clave de las reglas es la “proporcionalidad”, algo que cree imposible. “Nosotros no somos policías. Estamos preparados para actuar en la destrucción de un adversario. O sea, ¿habría que hacer un análisis de cómo y con qué me disparan antes de responder?. Yo jamás he usado un palo o una manguera para repeler. No sé como hacerlo”, dice a la vez que agrega que estas normas «solo protegen a los políticos de posibles acusaciones de DD.HH.”

En respuesta, uno de los creadores de las RUF, el exasesor presidencial Benjamín Salas dice: “El objetivo que nos encomendó el Presidente fue muy claro: que estas reglas cumplieran con todas nuestras obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos y que, por lo tanto, se sujetaran a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Pero, para otras fuentes dentro de las Fuerzas Armadas, estas medidas les permitirían a los fiscales “tener mucho espacio para la interpretación en hipotéticos juicios”. Y ponen como ejemplo el caso del carabinero de Panguipulli que abatió con seis tiros a un artista que lo atacó con machetes. “Eso era un caso clarísimo de legítima defensa”, dicen.

“Las FF.AA. están preparadas para cualquier tipo de situación, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Lo que están haciendo ahora es lo que corresponde que hagan, no les endosen responsabilidades que se tienen que solucionar de otra forma”, explica el senador Kenneth Pugh.

Con él concuerda el ex comandante en jefe de la Fach -que también ha sufrido de recortes de presupuestos, por ejemplo en compra de aviones- Osvaldo Sarabia, quien cree que “no hay que llevar los roles más allá de lo que define el actual estado de emergencia”. ¿Cuál sería la solución entonces? Para muchos dentro de las Fuerzas Armadas, y también dentro del Congreso, solo la declaración de un estado de sitio.

“En La Araucanía los violentistas tienen armas. Hay que usar nuestras armas. Pero con reglas claras. Si el gobierno cree que todo está tan descontrolado como para pedirnos ayuda, entonces que declare estado de sitio”, argumenta el almirante retirado Miguel Ángel Vergara.

Son explicaciones que no caen nada de bien en el gobierno donde algunos las han calificado como “excusas”.

“Si es para la pandemia no tienen problema en poner todos sus recursos. Para ir a dejar alimentos a Isla de Pascua, cosa que no está en la Constitución, tampoco. Lo que pasa es que en algunos temas, como los de seguridad, aun ven su rol como uno que solo debe responder a las amenazas externas. Y ya no es así”, dice un entendido, desde La Moneda. En contraste, desde el Ejército, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Militares de las institución (Cesim), cuentan que si se está trabajando en estrategias y planificaciones para asumir nuevos desafíos. Y tienen un análisis al respecto y de su relación con la política y la sociedad.

“De la política se necesitan definiciones estratégicas de largo plazo con visión de Estado, entrelazadas con los objetivos de la política exterior del país. Asimismo, avanzar en una estructura que permita optimizar la integración de los esfuerzos suprasectoriales en materias de seguridad. De la sociedad, se espera una mayor sensibilidad del valor y la necesidad de contar con un Ejército altamente entrenado. Buscamos una relación integradora, colaborativa, armónica y de confianza mutua”.

Sin embargo, estos temas no son los únicos que dividen.

Habían pasado pocos días desde la visita del Presidente argentino, Alberto Fernández, a Chile, cuando el canciller Andrés Allamand recibió un inesperado reclamo de la Armada.

La institución se había visto sorprendida por la declaración conjunta firmada por ambos presidentes en la que, en el punto 51, Chile respaldaba las pretensiones argentinas a las “Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Como actor crucial en el tema -tanto en las mediciones de territorio como en la defensa de las fronteras- la Armada consideró la declaración como “un error” pues podría complicar las pretensiones soberanas de Chile, al dejar espacio para la interpretación en dos puntos: la Plataforma Continental Extendida en el Mar Austral y la reclamación Antártica.

No es todo. Los encargados de manifestar la molestia de la Marina también pusieron énfasis en que el apoyo a Argentina dejaba al país en una posición complicada ante el Reino Unido.

Ambos son reclamos que la Armada sostiene y repite hasta hoy y que ha dado varios dolores de cabeza a Cancillería.

LA MISIÓN DE PROKURICA

Tanto en el gobierno como en las Fuerzas Armadas reconocen que la relación ha pasado por varios momentos “complejos”. Pero a la vez esperan que la relación mejore.

De hecho, en medio de la crisis generada por las declaraciones de Barra, en Defensa han comenzado a resaltar aspectos positivos de las actuaciones de las instituciones. Como por ejemplo que, desde hace tres semanas en La Araucanía se han realizado 24 controles sanitarios mixtos y 869 controles de identidad. Asimismo, se destacan 2.300 operaciones en la Frontera Norte y el traslado de más de 200 enfermos críticos por la Fach.

En las FF.AA. confían en un factor específico. O, en este caso, en una persona. El ministro Baldo Prokurica, de estrechos nexos con las instituciones castrenses desde hace más de 30 años. Confianza que se vio reforzada con la ofrenda floral que depositó, a título personal, en donde estaba el monumento al general Manuel Baquedano.

“Estoy muy agradecido por la abnegada labor que han realizado nuestras FF.AA. en un año muy duro para el país, a causa del coronavirus. El sacrificio personal de miles de hombres y mujeres uniformados, que han renunciado a ascensos, capacitaciones, a estar con sus familias, sin vacaciones, sin descanso, es algo que conmueve, y que muestra el temple y profesionalismo de nuestros soldados”, dice a “El Mercurio” el exsenador, cuyo estilo dialogante encontró buena aceptación.

Claro que, agregan desde las FF.AA., “ojala se mantenga”. Y otros, asumen que las tensiones podrían mantenerse, sobre todo porque el general Ricardo Martínez (Ejército) y el almirante Julio Leiva (Armada), están a punto de dejar sus cargos, en noviembre y junio, lo que les daría más libertad para expresar sus opiniones como lo han hecho en el último tiempo.

Recuadro

– Los polémicos asesores

De acuerdo a antecedentes entregados por el Ejército, el rol de los asesores jurídicos en las reuniones “consiste en orientar a las diversas autoridades militares, con la finalidad de que sus actuaciones cumplan con los estándares jurídicos aplicables a cada situación”.

Desde la institución cuentan, asimismo, que han estado en situaciones como terremotos, aluviones, erupciones volcánicas. Hoy por hoy, están principalmente dedicados “al conocimiento, análisis y difusión de los deberes y obligaciones que derivan de un estado de excepción constitucional y, en particular, la normativa atingente al empleo de las Reglas de Uso de la Fuerza”.

– RECLAMO POR FRONTERA

‘Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna intención de volver a estar en la primera línea en una situación de seguridad interna”, dicen en el Gobierno.

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