Me sumo con una petición al nuevo gobierno que, si bien es de plena justicia, políticamente reditúa poco. Me refiero a los militares encarcelados por derechos humanos, a los que injustamente se califica como “criminales de lesa humanidad”, aplicando una figura jurídica con efecto retroactivo. Esta argucia permite perseverar en la venganza, como ocurre, por ejemplo, con el proyecto de ley para otorgar beneficios extra carcelarios.
El caso de la “Operación Huracán” ha dejado en evidencia una loable preocupación por asegurar la validez de las pruebas antes de someter a proceso a una persona, aun tratándose de graves actos terroristas. Lamentablemente, tal delicadeza no prevalece para los militares, quienes usualmente deben enfrentar a jueces omnipotentes que, quizás sensibilizados por la predica del “no a la impunidad” y el “pacto de silencio”, los prejuzgan como culpables. Y, amparados en la subjetividad que les permite el antiguo sistema procesal al que están sometidos los ex uniformados, muchas veces alcanzan la “convicción de culpabilidad” con pruebas que asombrarían en un debido proceso.
Para restablecer la igualdad ante la ley, sugiero revisar la inicua medida que, por la mera fecha del supuesto ilícito, permite juzgar a los militares bajo un caduco sistema procesal penal, suprimido hace años por arbitrario. No quisiera pensar que para un grupo de chilenos se ha institucionalizado la negación del debido proceso.

Miguel A. Vergara Villalobos