Los artículos incorporados en el Decreto 924 que promulgó Bachelet en febrero del 2016 le quitó la facultad al alcailde del CPP de otorgar o denegar permisos de salida, traspasando la resolución al Director Regional de Gendarmería, y, exigía además a  los solicitantes acreditar que han aportado antecedentes serios y efectivos a causas de Derechos Humanos vigentes o bien colaborar igualmente aunque este su sentencia condenatoria dictada.   

“Hay soluciones que son inmediatas y otras de un poco más largo aliento, pero sí definitivas”. Así se expresó el Presidente de la Multigremial de Militares y Policías (R), Alejo Riquelme Solís, respecto de la solicitud que efectuarán al Ministro de Justicia para que ponga fin a los decretos e instructivos que se dictaron durante el gobierno de Michelle Bachelet que apuntaban única y exclusivamente a colocar trabas a la posibilidad de acceder a beneficios carcelarios a los militares prisioneros de Punta Peuco.

Dijo el presidente de la colectividad gremial que durante el año 2015 se promulgó el Decreto 924 del Ministerio de Justicia, que impedía a los internos acceder a algún beneficio de salida, pues dicha disposición añadió nuevos articulados -98 y 109 al Decreto Supremo 518 que Reglamenta los establecimientos penitenciarios- que en lo sustantivo le quitó la facultad al alcaide de otorgar o denegar permisos de salida, trasladando la decisión al Director Regional respectivo, figura que se sabe  –explica Alejo Riquelme Solís- es de nombramiento político.

De la misma forma –prosigue- otro de los obstáculos incorporados en ese dictamen tenía relación con que si el delito se perpetraba en un contexto de violación a los Derechos Humanos por agentes del Estado o por grupos apoyados por el Estado, serían considerados delitos especialmente graves, y los requirentes deberían acreditar que han aportado antecedentes serios y efectivos a causas de Derechos Humanos vigentes o bien colaborar igualmente aunque esté su sentencia condenatoria dictada.

Inmediato – Mediato -Definitivo

“En lo inmediato, queremos que se levante la orden entregada a los psicólogos de votar negativamente en los Consejos Técnicos que asesoran al alcaide, pues a la exigencia que la unanimidad de los miembros del Consejo dan el Informe favorable al interno, en estos últimos 4 años siempre ha habido un voto desfavorable, por lo que nunca se logra la unanimidad”, explicó Alejo Riquelme Solís.

De la misma manera –continuó- también de forma inmediata que se reestablezca al Alcaide del Centro Penitenciario la facultad para otorgar o denegar los permisos de salida, y no sea el Director Regional, nombrado políticamente, quien resuelva. Asimismo, emitir un pronunciamiento administrativo como Ministerio de Justicia que no es posible aplicar retroactivamente las modificaciones incorporadas por el decreto 924 al Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, pues por tratarse de disposiciones que perjudican al reo no se pueden aplicar éstas a los permisos de salida antes de la promulgación del decreto en cuestión.

En lo mediato y definitivo –dijo el Presidente de la Multigremial (R)- que el Ministro Hernán Larraín dicte un nuevo Decreto que invalide el anterior, por el carácter discriminatorio y atentatorio de los derechos establecidos en la Constitución Política de la República.

Santiago, 09 de agosto del 2018