Hay en trámite un proyecto para castigar con presidio a quienes nieguen que hubo violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno Militar. Pero eso nadie lo niega. Los asesinatos de 82 militares entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973 y los del coronel Roger Vergara, del Intendente Carol Urzúa, del teniente Carevic al desactivar una bomba terrorista, del teniente Zegers Reed al desactivar un misil en Tobalaba y los de los escoltas del Presidente Pinochet fueron atentados contra los derechos humanos ocurridos durante el Gobierno Militar que nadie ha negado ni podría negar. Lo mismo los asesinatos del general Prats, de Orlando Letelier, de Tucapel Jiménez y de los jefes del FPMR comunista, Parada, Guerrero y Nattino, como los de los fusilados de La Serena, Antofagasta y Calama en octubre de 1973, también fueron atropellos contra los derechos humanos ocurridos durante el Gobierno Militar que nadie podría negar ni nadie lo ha hecho.
           Lo que sí niegan historiadores serios y yo siempre he negado es que atentar contra los derechos humanos fuera una política del Gobierno Militar, porque no lo fue. En cambio sí era política del MIR y del Partido Comunista, a través de su brazo armado, el FPMR, cometer esos atentados. Pues el Gobierno Militar tenía como política la contraria, la del respeto a los derechos humanos, y por eso tal propósito estaba enunciado en su Declaración de Principios y en las circulares del Presidente de la Junta y altas autoridades, ordenando a las Fuerzas Armadas y Carabineros respetar los derechos humanos. Ello consta en documentos públicos como la Circular N°1 de 7 de enero de 1974, que “Dicta Normas en procedimientos que empleen Fuerzas Armadas y Carabineros”, donde dice: “Nuestra etapa en el Gobierno no puede ni debe caracterizarse por actos inhumanos”; como la Circular Confidencial N° 22 de 15 de enero de 1974 del Ministerio del Interior en igual sentido; y como la Circular Confidencial N° 22 del Director General (s) de Carabineros, Félix González Acevedo, del mismo tenor. En enero de 1976 se dictó el Decreto Supremo N° 187, prohibiendo los lugares secretos de detención. En 1979 la escritora francesa Suzanne Labin visitó el país y preguntó por los presos políticos de que tanto se hablaba en el extranjero, sólo para encontrarse con que no había ninguno, como refirió en su libro: “Chili: le Crime de Résister”.
             Todo esto que he escrito en el párrafo anterior no es “negacionismo”, es “afirmacionismo”, que no puede ser delito, incluso según el mismo proyecto, porque es lo contrario del “negacionismo” que él castiga. Pero, claro, habiendo una mayoría de jueces de izquierda que violan las leyes y prevarican, nadie puede estar libre de que así y todo lo condenen a uno por “negacionismo”.          Pues el problema está en los jueces de izquierda y sus colegas dominados o amedrentados (acabamos de verlos dar marcha atrás en materia de libertades condicionales tras la acusación constitucional por haberla concedido una vez de acuerdo a derecho).
    El jueves pasado acompañé a un grupo de militares en retiro que fueron a expresar su solidaridad y llevaron saludos y regalos navideños a los Presos Políticos Militares de Punta Peuco, recinto que ya está colmado con casi 130 víctimas de la prevaricación judicial, cuyo principal impulsor ha sido Sebastián Piñera a través de su subsecretario Ubilla. Ambos han presentado la mayoría de las querellas ilegales e inconstitucionales que han permitido a los jueces prevaricadores meter presos a los militares que derrotaron al terrorismo marxista.
            Los presos políticos insistieron en que yo hiciera uso de la palabra y me permití decirles una gran verdad: que ellos están presos sólo porque no han hecho lo mismo que los comunistas y los demás que consiguen algo en Chile, es decir, usar la violencia. Esto es evidente. Como si los rojos hubieran querido reforzar mi argumento, ese mismo día agredieron al presidente del Tribunal Constitucional, donde se está viendo un recurso de inconstitucionalidad del insólito proyecto de ley marxista-DC para impedir la libertad condicional de los Presos Políticos Militares.
          Este país es esclavo de la violencia. ¿Cómo consiguieron los portuarios eventuales de Valparaíso millonarios bonos que no les correspondían y que pagará usted, contribuyente? Mediante la violencia. ¿Cómo consiguen los terroristas de la Araucanía que se les regale tierras? Mediante la violencia. El delito en Chile paga. ¿A quién bonifica el fisco con centenares de millones de dólares anuales obtenidos inmoralmente, por un total que ya sobrepasa, según confesión del Ministro de Justicia, los seis mil millones de dólares? A los violentistas de izquierda que se iban a tomar el poder por las armas.
          En una de las vueltas de chaqueta más vergonzosas de la historia de Chile, la mayoría democrática ha mandado a la cárcel a los mismos que ella llamó angustiosamente en 1973 a impedir con sus armas (“esto  se arregla sólo  con fusiles”, Frei Montalva) que Chile fuera convertido en un país totalitario.   
        Ésta es la peor “miseria de la chilenidad” de nuestro tiempo. Pero hay otras.

Por Hermógenes Pérez de Arce