Hugo Llanos y Edgardo Riveros: “Sorprende la escasa atención internacional que merece la situación de Nicaragua, cuya economía está casi paralizada, frente al aumento de la violencia de la represión gubernamental que ha causado tan alto número de muertos”.

A un total de 320 asciende la cantidad de muertos debido a la represión de las protestas por el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, de acuerdo con lo verificado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDJH)

Ya el 22 de junio pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA los estimaba en 212 muertos, 1.337 heridos y 507 arrestos, desde que estallaron las manifestaciones a fines de abril hasta esta fecha.

Cualquiera que sea la cantidad de muertos, lo cierto es que Ortega se aferra al poder, pese a la voluntad contraria del pueblo nicaragüense, que lucha por adelantar los comicios presidenciales al próximo año, marzo de 2019, acortando el mandato presidencial que expira en 2022. Dicha solución la aboga la Comisión Mediadora encabezada por la Iglesia Católica y la Acción Cívica, integrada por estudiantes, sindicatos, grupos empresariales, entre otros.

¿Quiénes son los responsables de la represión gubernamental que afecta a Nicaragua? Fuentes fidedignas acusan a la policía y a grupos paramilitares, personas adictas al régimen presidencial disfrazadas de civiles, los que buscan acallar brutalmente la insurrección cívica contra Ortega.

Hay que recordar que el Presidente Ortega se encuentra en el poder desde 2007 y que obtuvo la reelección en 2016, en unas elecciones que se han calificado de fraudulentas. Además, ha designado como vicepresidente a su cónyuge, con el objetivo de que ella lo suceda a la expiración de su mandato presidencial, lo que demuestra un claro nepotismo.

Con fecha 10 del presente, la prensa internacional informa la suspensión del diálogo mediador encabezado por la Iglesia Católica, debido a las agresiones físicas que sufrieron el nuncio, el cardenal nicaragüense y un obispo por apoyar a un grupo de manifestantes refugiados en una iglesia.

Todo lo anterior ha recibido una escasa, sino nula atención internacional, incluidos los organismos internacionales competentes para pronunciarse ante el derramamiento de sangre en Nicaragua.

Si comparamos la situación de Nicaragua con la de Venezuela, el desequilibro es manifiesto. Tanto la OEA, como el Grupo de Lima y los Estados Unidos han tomado diferentes acciones para intentar normalizar la situación interna venezolana, lo que no ocurre en la caso nicaragüense, que se agrava día a día con manifiesta violación de los derechos humanos en ese país.

Sorprende la escasa atención internacional que merece la situación de Nicaragua, cuya economía está casi paralizada, frente al aumento de la violencia de la represión gubernamental que ha causado tan alto número de muertos.

Se requiere cuanto antes una presión efectiva de los gobiernos latinoamericanos y de otras latitudes para apoyar las elecciones presidenciales para 2019, supervigiladas por observadores neutrales, y respaldar firmemente las acciones del Grupo Mediador nicaragüense, cuyas sesiones se efectúan en un clima tan adverso.

Hugo Llanos Mansilla
Edgardo Riveros Marín
Profesores de Derecho Internacional Universidad Central