LOS HECHOS

El 5 de agosto, la PDI apoyada por Carabineros de Chile, intentó y fracasó por segunda vez, ingresar a la comunidad de Temucuicui, Comuna de Ercilla, para detener a un delincuente prófugo.
Las autoridades de la PDI informaron que “En horas de esta mañana, en cumplimiento a órdenes judiciales emanadas de tribunales de la Región de La Araucanía consistentes en una orden de entrada y registro por el delito de robo con violencia y una orden de detención en contra de un sujeto por infracción a la ley de drogas y armas, personal de la Policía de Investigaciones en compañía de Carabineros de Chile, en una planificación conjunta, hicieron ingreso a la comunidad Temucuicui”, “Los efectivos que llegaron al lugar fueron recibidos por numerosos disparos (…) sin que resultaran funcionarios lesionados”.
“No obstante a las diligencias realizadas no se logró cumplir plenamente el objetivo, por lo que en esta momento nos encontramos evaluando la situación para determinar nuevos cursos de acción”.
Los impactos en los vehículos policiales, concentrados en neumáticos y parabrisas, señalan que los tiradores tenían buen entrenamiento en el uso de sus armas.
El delincuente buscado, Jorge Huenchullán, debía ser detenido para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli expresó: “lamentamos que Jorge Huenchullán por tercera vez: ya el año 2017, ya desde febrero del año 2021 y nuevamente ahora, se encuentra prófugo de la justicia. Lo dijimos, cuando se le detuvo en el hospital de Victoria y fue puesto a disposición de la justicia, que él iba a evadir la acción de la justicia”.
Este breve relato muestra el fracaso reiterado del Gobierno en hacer cumplir la ley mediante la PDI y Carabineros frente a una organización criminal que ejerce el control armado de una parte del territorio nacional.
Esta situación es agravada por la manifestación, pública, por parte del delincuente y del grupo armado que controla la Comunidad Autónoma de Temucuicui, de que Jorge Huenchullán, pasaría a la clandestinidad política, sustrayéndose a la autoridad del Estado de Chile.
La versión de los hechos por parte de los rebeldes muestra su interpretación de su situación y del territorio por ellos controlado:
“Es un atropello del estado terrorista chileno”, “la “PDI en carros blindados y fuertemente armados, ingresaron al territorio de Temucuicui; esto es un hecho objetivo de la forma violenta de actuar del Estado, que no duda en ocupar y disponer de sus sicarios para reprimir al pueblo mapuche”. “Es un atropello del estado terrorista chileno”.
Karina Riquelme, abogada del imputado, aseguró que “lo acontecido demuestra nuevamente la declaración de guerra del Estado chileno realizó hace unos años contra el pueblo mapuche”.

Por otra parte, es sorprendente que la Orden que habilitaba a la PDI y a Carabineros para ingresar a la Comunidad Autónoma de Temucuicui no les confiriera ninguna facultad para allanar un domicilio o realizar un desalojo, es decir no podrían capturar al prófugo salvo que se cruzaran con él en la calle. Esta falta del necesario respaldo legal para una operación de la envergadura e importancia como la que se estaba llevando a cabo muestra una improvisación o incompetencia de la mayor gravedad.
ANÁLISIS:
1.- El grupo de tarea conformado por Policías y Carabineros, aun cuando viajaran en transportes blindados, no eran soldados, es decir, su marco legal, su entrenamiento, sus armas y su doctrina seguían siendo los de policías, pero renunciando a la relativa protección que le daba su condición de tales. Dicho de otra forma, al intervenir en vehículos blindados, legitimaban o justificaba, aunque fuera en parte, el uso de armas de guerra en su contra.
2.- Tampoco eran militares, es decir que aun viajando en vehículos blindados, no sabían ni podían hacer uso de la superioridad que les brindaban esos vehículos, por carecer del entrenamiento, las comunicaciones y las armas adecuadas.
3.- Las acciones y planteamientos de los rebeldes muestran que ellos actúan desde un espacio que consideran autónomo, no sometido a las leyes nacionales ni a las autoridades estatales, es decir, ingresar a él supone esperar una resistencia armada, como ya había ocurrido en el pasado causando la muerte de un policía civil. Es decir desde la perspectiva de los rebeldes había una acción de combate y combatieron.
4.- Si se trataba de una acción policial – judicial, la “militarización” parcial de la misma es ilegal.
5.- Desde la perspectiva de los rebeldes, ellos ya tienen una organización militar, es decir, están “militarizados” y han demostrado intención y capacidad para actuar en tal condición.
Fernando Thauby García