Es difícil encontrar razones para estar optimista sobre el futuro de Chile. Además de los enormes costos económicos que está generando la pandemia, la incapacidad del gobierno y la oposición para ponerse de acuerdo en reformas indispensables y urgentes para el país confirma que avanzamos en la dirección equivocada.

La obsesión de la oposición con las acusaciones constitucionales y la creatividad e irresponsabilidad legislativa del Congreso Nacional tienen contra la pared al gobierno del Presidente Piñera. Aunque muchos voluntaristamente insisten en destacar nuestra fortaleza institucional y la capacidad que tuvo la elite política de ponerse de acuerdo en las últimas tres décadas, es difícil evitar la sensación de que el país va, como en el tango, cuesta abajo en la rodada.

Hace un año, en una sorpresiva decisión, la clase política firmó un acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Ingenuamente celebrado por muchos como un acto de responsabilidad política, la hoja de ruta que se firmó la madrugada del 15 de noviembre nos ha puesto en un camino de múltiples obstáculos y amenazas. Los repetidos, y exitosos, intentos por ir redibujando el mapa a mitad de camino han complicado aun más las cosas.

Además, la primera mitad del acuerdo —la paz social— ya parece haber sido olvidada. Como los seres humanos nos acostumbramos a todo, el país se ha terminado de acostumbrar a la violencia que se instaló con el estallido social y que no será fácil de erradicar. La crisis profunda por la que atraviesa carabineros también tiene consecuencias en la seguridad que puede proveer la policía a las personas en su vida cotidiana. El aumento en la criminalidad y la delincuencia, exacerbado por la crisis económica que ha generado la pandemia, se ha convertido en parte de nuestro paisaje.

En los últimos días, una parte central del acuerdo para la nueva constitución —el número de miembros de la convención constitucional— se ha convertido en el nuevo objetivo de aquellos que insisten en creer que en el camino se puede ir arreglando la carga. Argumentando que es esencial que los pueblos originarios tengan representación en la convención constituyente, los defensores de la idea de que los acuerdos se respetan solo cuando les conviene han impulsado una nueva reforma al acuerdo que busca sumar 24 escaños adicionales para representantes indígenas a los 155 escaños que originalmente tendría la convención constitucional. Aunque esa reforma todavía no pasa en el Congreso, por el precedente de cómo se ha comportado éste en los últimos meses, resulta razonable anticipar que es cosa de días antes de que se promulgue un nuevo cambio al acuerdo inicial y el número de los miembros de la convención constitucional aumente a 179.

A diferencia de los otros 155 miembros —que serán electos en 28 distritos que escogerán entre 3 y 8 miembros—, los escaños para los pueblos originarios serán electos en un distrito nacional. Presumiblemente, cada persona podrá optar por votar ya sea por alguno de los candidatos de su distrito o podrá pedir un voto de candidatos indígenas y votar en el distrito nacional que está por ser creado. Los problemas evidentes de coordinación que se producirán si muchas personas —o muy pocas— votan en el distrito nacional indígena distorsionarán todavía más la mala representación geográfica que tendrá la convención constitucional. De por sí, el voto en la Región de Atacama vale más que el voto en la Región de Valparaíso y un voto en San Miguel vale más que un voto en San Bernardo. Pero si un número muy alto de personas en la Araucanía decide votar en el distrito nacional indígena, el voto de una persona que elijan candidatos en los otros distritos de la Araucanía valdrá menos que el voto de una persona en la Región de O’Higgins.

En los próximos días, la reforma que facilite la participación de independientes en la elección de la convención constitucional el 11 de abril probablemente introduzca elementos adicionales de creatividad legislativa y contribuya a una todavía mayor fragmentación del sistema político chileno. Olvidando que no hay ninguna democracia en el mundo que haya sido exitosa sin un sistema institucionalizado de partidos político, los chilenos parecemos empecinados en avanzar en la dirección de debilitar todavía más la democracia.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat dice que nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Desde hace un año, cuando la respuesta al estallido social fue la decisión de refundarlo todo —en vez de corregir rápida y decididamente aquello que no funcionaba bien— cuesta encontrar razones para estar optimista sobre el futuro de Chile. Si bien resulta comprensible y hasta cómodo minimizar el efecto negativo de cada una de las malas noticias, al mirar el conjunto de hechos políticos que se suceden rápidamente en el país, es difícil negar que el país lleva ya un año yendo cuesta abajo en la rodada.

Publicado por El Líbero