Nada refleja tan fielmente el verdadero temperamento político de Sebastián Piñera como su proposición del nombre del ministro Mario Carroza para integrar la Corte Suprema. Aun si ocurriera que, por falta de pensamiento jurídico-político propio, estuviera obrando por mera conveniencia táctica, ello revelaría su completo menosprecio por el estado de derecho y su conocida sumisión a la extrema izquierda.

Pues si se tratara de un mero gambito para contentar a quienes quieren sacarlo anticipadamente de La Moneda, ya hay precedentes. En efecto, se rindió ante los mismos adversarios el 15 de noviembre del año pasado, ofrendándoles ni más ni menos que la Constitución. Ahora, al proponer a un ministro caracterizado en sus fallos por la venganza contra los militares y por su desconocimiento de las bases del derecho penal, con tal de castigarlos, Piñera reedita una conducta que ya observó cuando interpuso mil querellas contra exuniformados y, en plena caída de popularidad bajo su primer mandato, cuando trasladó, bajo el símbolo de la hoz y el martillo instalado en el pórtico del penal, a altos oficiales a otro distante y peor, “Punta Peuco”. Ello acarreó el suicidio de un general ejemplar, Odlanier Mena, quien, aparte de estar sometido a un proceso injusto, pasaba a quedar imposibilitado de atender su enfermedad terminal, debido a la distancia entre la nueva prisión y el centro hospitalario.

El ministro Mario Carroza, a su turno, logró alta figuración al reabrir, en 2018, un caso que ya había sido 32 años antes juzgado y fallado. Es decir, transgredió la cosa juzgada y, además, las leyes sobre prescripción y amnistía. Fue a raíz del episodio de los “quemadores quemados”, que afectó a los activistas Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, en 1986. Quien investigó y falló el caso entonces fue un prestigiado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alberto Echavarría Lorca, cuya resolución del 23 de julio de 1986 determinó que, “por un movimiento de la joven” Carmen Gloria Quintana, se volcó un artefacto incendiario de los que ella y su acompañante portaban, quemándolos a ambos.

Treinta y dos años después Carroza, además, ocasionó una situación humanitaria gravísima a una decena de modestos trabajadores, que habían sido jóvenes conscriptos y formaban parte de la patrulla de vigilancia en 1986, privándolos de libertad y procesándolos contra todas las leyes y ocasionándoles enormes perjuicios personales y familiares.

Además, también procesó injustificadamente a un alto oficial que no  había tenido participación en los hechos y que, por eso y por la ilegalidad de todo el procedimiento, ha conseguido un respaldo ciudadano importante.

Con razón, frente a los intereses políticos que rodean el quehacer judicial en Chile, el abogado Adolfo Paúl se ha abismado de que, cuando la ministra Ana Gloria Chevesich, a su turno, postulaba a la Corte Suprema, se ufanara públicamente y como carta de recomendación, de “nunca haber aplicado la prescripción, ni la media prescripción ni la amnistía”, leyes expresas y vigentes. Paúl ha destacado de que esa pública confesión de un delito, la prevaricación (tipificado como la contravención de leyes expresas y vigentes por un juez en sus fallos) sirva de antecedente meritorio para llegar a la Corte Suprema.

La proposición del nombre de Mario Carroza por parte de Piñera sólo confirma esa pérdida de la juridicidad general.

Es que ése es el país que hoy somos. Un “parlamentarismo de facto”, una dictadura judicial de izquierda y un Ejecutivo que se somete al primero y cohonesta a la segunda.

Piñera en su apogeo y Chile en demolición.