Crimen organizado: Hay que responder con toda la fuerza del Estado.

Por Sergio Muñoz Riveros

Ex-Ante

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

Los graves acontecimientos de Ecuador, que han llevado al gobierno de ese país a declarar el estado de “conflicto armado interno” y a aceptar la ayuda militar de EE.UU., deben ser considerados como una advertencia definitiva para nuestro país respecto no solo de lo que puede ocurrir si las cárceles son capturadas por los delincuentes, sino de la capacidad del crimen organizado para desafiar al Estado y provocar la degradación institucional.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que la realidad de Chile no es la misma que la de Ecuador, pues “tenemos control de lo que pasa en las cárceles”. Por su lado, el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró a una radio que “nosotros estamos muy distantes de lo que ha estado sucediendo ahí en términos de régimen institucional”. Dijo que Ecuador ha abordado sus crisis de seguridad “rigidizando el código penal, sin preocuparse de las condiciones carcelarias”. La sobrepoblación, apuntó, favorece el reclutamiento del crimen organizado. Y sobre las cárceles chilenas, fue enfático: “Yo, lo primero que descartaría, es una hipótesis de riesgo”.

Sería mejor que el ministro Cordero no descarte nada. Es obvio que cada país tiene una realidad específica, pero el gobierno necesita examinar sin autocomplacencia nuestra propia situación. La cuestión carcelaria es solo una parte de un problema mayor, que es la expansión del crimen organizado por encima de las fronteras. A la luz del inquietante avance de la criminalidad en Chile, ninguna hipótesis de riesgo debe descartarse.

Está a la vista el retroceso nacional en el terreno de la seguridad pública. Allí están para probarlo los asesinatos por encargo, las balaceras entre bandas, los secuestros, los asaltos a plena luz del día, etc. Nadie duda de que muchos delincuentes avezados de Colombia, Venezuela y otros países aprovecharon las “ventajas comparativas” que ofrecía nuestro país. Sobran, pues, las razones para que mucha gente sienta verdadera angustia por la situación de inseguridad y desprotección que se vive en numerosos lugares. La desgracia añadida es que el gobierno de Boric se ha demorado en entenderlo.

No tenemos cárceles tomadas en Chile, pero en una extensa zona del territorio nacional, la macrozona sur, el Estado está desafiado en el plano de la fuerza. El terrorismo y el bandolerismo han debilitado gravemente la legalidad, lo que ha obligado a desplegar fuerzas militares en el marco del estado de emergencia. Sin embargo, es indispensable llevar adelante un plan orientado a desarticular a los grupos armados. Hay que poner fin a la pesadilla en que vive la gente de la Araucanía y las demás regiones afectadas. Cuando Boric era diputado, en 2016, visitó Temucuicui y declaró que era “territorio liberado”. Confiemos en que ya no crea eso.

¿Podría producirse en Chile una situación crítica como la de Ecuador? ¡Pero, si ya se produjo en 2019! ¿Es que alguien, a estas alturas, duda de que entonces el país experimentó en carne propia el inmenso poder destructivo del crimen organizado? ¿Quién puede aceptar todavía la versión “social” de lo ocurrido si los propios indultos presidenciales y las pensiones de gracia han revelado qué tipo de gente llevó la iniciativa callejera en los días del estallido antisocial?

No fueron manifestantes comunes los que atacaron comisarías y unidades militares, llevaron a cabo un sabotaje “profesional” del Metro, quemaron iglesias y promovieron la destrucción y el pillaje por doquier. Tal devastación no se explica sin la asociación entre el lumpen y el golpismo de izquierda, y su objetivo fue empujar al país al caos y al quiebre institucional. Nadie espera que el Frente Amplio y el PC lo reconozcan.

La mayor amenaza para la seguridad del Estado y la convivencia en libertad viene hoy desde un enemigo que funciona como empresa transnacional, y que maneja gigantescos recursos que le permiten corromper jueces y policías, y hasta influir directamente en la política, como lo demuestra la experiencia de México.

Hay que defender a Chile ahora. Si los poderes del Estado no enfrentan esta amenaza con decisión, las consecuencias pueden ser devastadoras. Nos encontramos en un punto en el que se requiere mucho más que una ley por ahí o una querella por allá. ¿Cuán cerca estamos de que las organizaciones mafiosas penetren y corrompan nuestras instituciones? ¿Quizás, ya está ocurriendo?

La experiencia de 2019 dejó una enseñanza elemental: las cosas pueden descomponerse rápidamente. El país corre riesgos de gran envergadura, y la capacidad del Estado para enfrentarlos no puede estar trabada o en suspenso porque en el bloque gobernante hay quienes siguen pensando, como hace 4 años, que “el enemigo” es Carabineros o las FF.AA. La inmensa mayoría de los chilenos piensa muy distinto. De la seguridad pública depende la vida en libertad y las posibilidades de progreso, y ello exige poner en tensión toda la fuerza del Estado.

Opinión:

ROBERTO HERNANDEZ

@RAHM52

Viendo lo ocurrido en Ecuador, no queda duda que en 2019 Chile experimentó el poder del crimen organizado durante el “estallido”. Los indultos y pensiones de gracia otorgados por el Gob revelan quienes llevaron la iniciativa callejera durante el “estallido delincuencial”.

La élite no vive en Narnia

Nuestra única esperanza es que la virtud vuelva a brillar y saque la voz de la verdad, quebrando la sorda oscuridad del mundo del desprecio, la indolencia y la apatía en que habitan nuestras élites.

por Vanessa Kaiser15 enero, 2024

“¡Muchachos, la contienda es desigual! Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo, y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”.

Probablemente, las nuevas generaciones no sepan quién ni en qué contexto se pronunció esta arenga. Quienes entendemos la importancia que tienen para el destino de los pueblos el coraje, la entrega y el valor de su autor, nuestro héroe Arturo Prat, ver la situación que enfrenta Chile hoy nos deja un sabor amargo.

Es parte de nuestra naturaleza, seres imperfectos, practicar el hábito de caminar por el risco que separa la realidad en dos mundos: aquel en el que experimentamos desprecio por nuestros congéneres, de ese otro mundo, en que sentimos respeto y a veces incluso cariño por los demás. Immanuel Kant hablaba de que los hombres vivimos atravesados por esa doble condición paradójica de amistad-enemistad, sociabilidad-insociabilidad (ungesellige Geselligkeit). ¿En cuál de los mundos viven nuestras élites, aquellos que debieran conducirnos nuevamente hacia la paz y el desarrollo? ¿Cuáles son los cimientos de ese risco que nos distancia de la antipatía e incluso el desprecio por los demás? No cabe duda de que son acciones de personas virtuosas, como Prat. Es a partir de ellos, los héroes, que logramos reconciliarnos con nuestra condición de seres humanos frágiles y corrompibles, en ocasiones perversos, miembros de la misma especie.

En el contexto de la crisis por la que atraviesa nuestro país hace bien recordar cuál fue la gesta de Arturo Prat: el dio su vida por amor. ¿Amor a qué?, se preguntarán muchos. Amor a la República, a la Patria, único espacio en el que los ciudadanos soberanos podemos asegurarnos unos a otros aquellos derechos fundamentales en cuyo marco quedan proscritos la esclavitud y el totalitarismo.

En contraste, los derechos sociales que la izquierda quiso consagrar como modelo para Chile con la venia de la derecha, justifican una intolerable intervención del Estado bajo la excusa de una redistribución que solo conduce a la esclavitud, la miseria y el aumento del poder político en desmedro de la libertad. “Justicia social” le llaman algunos a este tipo de régimen protototalitario, poniendo cara de misericordiosos cuando invocan las desigualdades de nacimiento o talentos que los políticos debieran corregir. Como si los países, capitalistas en la actualidad, no hubiesen sido todos pobres hace 200 años y los super ricos de hoy fueran descendientes de los monarcas que gobernaron en el pasado.

Parece que ha llegado la hora de perder la inocencia, hacerse cargo de la realidad, luchar por la verdad fáctica que Hannah Arendt distingue de la verdad filosófica o teológica. Con verdad fáctica Arendt se refiere a los hechos históricos. Es innegable que Europa vivió la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como es indiscutible que el 18- O en Chile vivimos un golpe de Estado.

Sin embargo, nadie habla de ello. ¿Por qué el silencio de los medios de comunicación? ¿Qué hay detrás de la genuflexión de la derecha a la extrema izquierda que simplemente no denuncia los hechos? ¡Les dieron un golpe de Estado! ¿Por qué la derecha permite, sin mayores pataleos, que se indulte a la primera línea y se le premie por sus servicios a la revolución con pensiones de gracia vitalicias a costa de todos nosotros? ¿Dónde están los parlamentarios demandando a la justicia que se investigue a los organizadores del golpe de Estado, sus relaciones con el gobierno, y se detenga la persecución judicial de los carabineros que le hicieron frente? ¿Cómo es posible que parte de la casta política- parlamentarios, burócratas, empresarios, periodistas y opinólogos- hablen de “la pausa constituyente” después de dos veredictos claros de la ciudadanía en contra de un cambio del texto constitucional? ¿Qué explicación existe para que la derecha haya promovido un texto con igualdad sustantiva, globalista hasta el tuétano (primera Constitución del mundo en imponer el cambio climático como verdad oficial), feminista, deconstruccionista y empapado del acervo del derecho garantista que ha destruido las economías y el derecho de propiedad en los países vecinos? ¿Por qué los contenidos del proyecto presentado no fueron materia de amplio debate público? ¿Tenemos que entender que la derecha y el centro político adhieren a la ideología de la izquierda antidemocrática? ¿Es que, de pronto se convencieron todos de que, efectivamente, los “santos impolutos” del FA son la vanguardia?

Silencio.

A mi juicio el abuso del silencio como respuesta a interrogantes fundamentales sobre nuestra realidad es uno de los problemas más graves que tenemos los chilenos a la hora de enfrentar nuetros conflictos. Un conocido columnista, otrora de extrema izquierda, hoy conservador y opinólogo en las grandes ligas de nuestra pequeña República me dijo hace unos años: “Puedes denunciar lo que quieras. Escribir incluso un libro. Si a la élite le incomoda, lo vas a encontrar en el canasto de la librería con un cartel que dice ‘lleve a $500’.”

El problema de negar la verdad fáctica es que todos sabemos que algo está sucediendo, se oculta, huele mal, incomoda, pero esperamos que pase… como si el dolor, la desorientación, la miseria, el asesinato de tantos y el avance del crimen organizado con la consumación de un proyecto inspirado en la narcopolítica exportada por Venezuela, no importaran. ¿En qué lugar del planeta viven las élites? A veces tengo la impresión de que no es “en Narnia” como dicen algunos, aludiendo a una tierra de fantasía, sino que es en este mundo, el nuestro, sólo que ya no caminan por el risco entre el amor y el desprecio al prójimo: definitivamente cayeron en el lado del desprecio.

Por mientras, la revolución sigue avanzando, quemando los “pocos buques” que nos quedan para defender el legado de Prat y tantos otros como el general Baquedano y los militares que salvaron a Chile de la dictadura castro-comunista hace cincuenta años atrás. Observamos el avance revolucionario en el triunfo incontrarrestable de los octubristas que “habitan” el Poder Judicial y la Fiscalía. Ellos van desmantelando paso a paso las instituciones que sirven a la defensa de nuestra República y lo hacen persiguiendo a todo aquel que se haya interpuesto en el camino del éxito de la revolución. Incluso los más dóciles a los deseos de venganza de la izquierda han terminado en su guillotina judicial.

Así las cosas, me parece que, de todos los problemas que enfrenta Chile hoy, el más grave es la captura de Tribunales y la Fiscalía por parte de activistas políticos octubristas que no trepidan en usar su poder para avanzar las condiciones materiales que aseguren el éxito de la próxima insurrección. Es indudable que donde la “responsabilidad de mando” se haya neutralizado por la persecución judicial, el país no podrá defenderse. Lo más triste es que los poderosos lo saben, pero nada los mueve a evitarla, sino que, con su silencio, la favorecen. Para quienes aún nos conmovemos con el dolor, nos rebelamos frente a la destrucción revolucionaria y sentimos repugnancia por la subversión de nuestros valores, la contienda es desigual.

Nunca se ha arriado nuestra bandera y nunca se la había mancillado como se hizo en un acto político del Apruebo que expresa la quinta esencia de la nueva izquierda. Nuestra única esperanza es que la virtud vuelva a brillar y saque la voz de la verdad, quebrando la sorda oscuridad del mundo del desprecio, la indolencia y la apatía en que habitan nuestras élites.

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VANESSA KAISER

Directora de la cátedra Hannah Arendt, Universidad Autónoma de Chile Más de Vanessa Kaiser

Algo de humor verdadero: