Fuente Cambio 21, por Felipe Reyes, 6 de Abril de 2016

Punta Peuco es el penal construido para recoger a los miembros de la dictadura que fueran condenados por delitos de abusos a los derechos humanos. A la fecha, el penal ha llegado a estar con sobrepoblación, y la realidad dice que podrían seguir llegando más condenados.
Sin embargo, desde la llegada de la presidenta Bachelet es que se ha comenzado a especular sobre un posible cierre, cosa que ha visto postergaciones y una férrea defensa de parte de sectores parlamentarios de derecha y miembros del Ejército. Varias veces se ha indicado que al interior de Punta Peuco podría haber regalías y diferencias con un penal normal, o que disponen de libertades extraordinarias o que sencillamente a condenados por delitos de lesa humanidad no les corresponden tratos diferentes.

Señales ha habido por parte del gobierno en forma indirecta. A la salida de una entrevista con Bachelet, la joven Carmen Gloria Quintana dijo a los periodistas que la mandataria le había dicho que se cerraba el cuestionado penal. Por su parte el ministro vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, al ser preguntado sobre el tema ha reiterado que está en análisis. En tanto Lorena Pizarro, presidenta de una de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecido, le dijo en un ceremonia -hace dos días- a Michelle Bachelet allí presente que ordenara el cierre.

Álvaro Corvalán, uno de los presos ícono de Punta Peuco, incurrió de forma recurrente en irregularidades al interior del penal, lo que generaba la impresión de que contaba con un trato diferente. Con liviandad y libertades inusuales. Tanto que en repetidas oportunidades se le retiraron celulares, información confidencial sobre parlamentarios, al nivel de pensarse que pensaba en una fuga. La reiteración de los hecho obligó a su traslado a la cárcel de alta seguridad.

Hoy la pregunta persiste. ¿Puede o debe cerrarse el penal de Punta Peuco? ¿Realmente hay libertades al interior? ¿Hay una preparación en otros penales para albergar a los internos de Punta Peuco?, y, finalmente, ¿hay voluntad de parte del Gobierno en cerrar este lugar?

Punta Peuco y un caso singular

El trasfondo es fuerte, pues la instancia divide a un segmento importante de la población, mantiene un recuerdo vívido de los acontecimientos de dictadura y trae a colación los secretos tras las muertes y las desapariciones. Sin embargo, los comentarios al respecto de un posible cierre son diversos.

El destacado abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar iría contra la corriente. “Personalmente no podría indicar las razones de la postergación de cierre, pero yo pienso que Punta Peuco es un penal como cualquier otro así que no veo razón para cerrarlo, salvo la razón de tomar un endurecimiento de las penas de las personas condenadas por abusos a los derechos humanos que se encuentran en ese lugar”, explica el abogado.

Al respecto asegura que el posible endurecimiento de condena no tendría razón de ser, pues “la ley pareja no es dura, y los condenados están cumpliendo condena en un recinto carcelario”. Al mismo tiempo indica que no existen mayores regalías ni comodidades en Punta Peuco, “no así como lo era en el penal Cordillera, que sí era algo diferente”, comenta.

Sobre la vida en el penal, Salazar indica que las diferencias al interior del penal las estructuran los mismos internos, de modo que no aprecia razones de peso para cerrarlo. Sin embargo, endurecer las penas “vendría a satisfacer a un segmento de la población únicamente”, finaliza.

Conversamos con el teniente coronel de Gendarmería, Alberto Figueroa, quien comentó la situación del penal y su postergado cierre.

“Lo que aprecio es que falta una toma de decisión política frente a una situación, la que es el posible cierre del penal, pues este hecho ha puesto en tela de juicio a este gobierno y que el gobierno anterior, siendo de derecha, tuvo la suficiente capacidad de tomar la decisión de cerrar el Cordillera. Este gobierno debe, de una vez por todas, tomar una determinación frente a una situación que los deja bien parado como gobierno. A faltado simplemente una falta de decisión nada más”, comenta Figueroa.

“Nosotros no queremos justificar los abusos a los derechos humanos, pero la realidad dice que así como en otra oportunidad el interno Corvalán sufrió una agresión física, los internos de Punta Peuco estarían constantemente expuestos a este tipo de situación al interior de una cárcel común. Lamentablemente gendarmería no tiene el personal suficiente para resguardar a esa cantidad de internos”, comenta.

Al referirse a un posible cierre de Punta Peuco, Figueroa analiza que “el entrenamiento militar de los internos de Punta Peuco los vuelve de alta peligrosidad, y si se relacionan con los demás internos, podrían suceder eventos realmente complicados para el bienestar de la población penal y de Gendarmería. Un exmilitar al interior de la cárcel es un riesgo. Es por eso que se cree que deberían estar aislados. Como Gendarmería no compartimos el posible cierre de Punta Peuco, pero sí estimamos que se debería intentar igualar las formas de vida de los internos de los distintos penales. Que no se presenten las diferencias que en un momento se apreciaron al interior de Punta Peuco y que todos los internos puedan vivir de forma semejante”, finaliza.