Cuenta Pública de Presidente de la Corte Suprema:

Su profundo malestar y un regreso a la barbarie porque se están vulnerando principios esenciales del Derecho Penal y derechos garantizados en la Constitución de la República, calificó la Multigremial de Militares y Policías (R), FACIR, las palabras del Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien hizo referencia en su reciente cuenta pública a las causas que afectan a cientos de ex uniformados por Derechos Humanos, enfatizando en su mensaje el aumento del número de investigaciones y sentencias lo que ha consolidado una jurisprudencia orientada por la teoría de los derechos humanos, pese a que están conscientes de las dificultades que surgen de avanzar en justicia penal y reparación civil.

“De lo que no está consciente dicha Corte –señala el Comité Jurídico de la Multigremial (R), encabezado por el abogado Adolfo Paúl Latorre- es que los jueces deben aplicar el derecho vigente y no lo que señala la teoría de los derechos humanos; teoría que, por lo demás, se ha venido configurando durante los últimos años”.

Añadieron que “Nuestro Poder Judicial no está avanzando en justicia penal sino que, por el contrario, está regresando a la barbarie; puesto que los jueces que sustancian causas de derechos humanos fallan contra leyes expresas y vigentes, y vulneran principios esenciales del derecho penal y derechos garantizados por nuestra Carta Fundamental, así como por tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes, los que deben ser respetados y promovidos por todos los órganos del Estado, según lo dispone el artículo 5º de nuestra Carta Fundamental”.

“Al respecto, -prosiguieron- debemos hacer especial mención a la gravísima vulneración del principio de legalidad —nullum crimen, nulla poena sine praevia lege— que significa calificar como “delitos de lesa humanidad” hechos perpetrados con anterioridad al 2009, año en que entraron en vigor en Chile las normas que los tipifican: el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la ley 20.357; instrumentos que señalan expresamente que sus disposiciones solo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”.

Finalmente, la Multigremial de Militares y Policías (R) advirtió que “los jueces que así actúan trastornan nuestro ordenamiento jurídico y llevan a cabo una verdadera subversión judicial, afectando seriamente la credibilidad de nuestros tribunales y el prestigio de la judicatura y del sistema legal, con lo que se produce una deslegitimación constante del Poder judicial. Los jueces que fallan según sus propias concepciones político-ideológicas y no de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes señalan, contribuyen al deterioro de la confianza en el Poder judicial y a socavar el Estado de Derecho, con el agravante de que ellos son los principales llamados a garantizarlo”.