Suprema desigualdad

Alejandro Espinoza Bustos, Abogado 

La Corte Suprema acogió los amparos y dispuso la inmediata libertad de “comuneros mapuches” que están formalizados por asociación ilícita terrorista e incendio y que se encontraban en prisión preventiva.

La sentencia sostiene que el tribunal de instancia, al decretar la prisión, no fundamentó suficientemente la decisión, y más relevante, no respetó los derechos constitucionales de los imputados, como el derecho a la libertad personal y al debido proceso, también garantizados en tratados internacionales. 
Adicionalmente, la resolución cita el Mensaje con que el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Código Procesal Penal, “…el proyecto propone dar plena aplicación a la presunción de inocencia, afirmando que quien es objeto de un procedimiento criminal en calidad de imputado no debe sufrir, en principio, ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales, en tanto estos no se vean afectados por la imposición de una pena…”.

Llama la atención que los derechos garantizados en nuestra Constitución y en los Tratados de Derechos Humanos, todos inspiradores del Mensaje del Código Procesal Penal, sean olvidados por nuestro máximo tribunal en las causas contra miembros de las Fuerzas Armadas  acusados de violaciones a los derechos humanos, pues en dichos juzgamientos se infringen las más elementales normas del debido proceso, configurándose un tratamiento discriminatorio respecto de una categoría de ciudadanos. Ellos son juzgados en un procedimiento secreto, se prohíbe que los abogados defensores participen en sus declaraciones, no tienen derecho a guardar silencio, y si ejercen dicho derecho se les detiene e incomunica. Y lo que es más grave, el mismo juez que investiga los acusa y los sentencia.

Quizás, esta falta de garantías tuvo en mente el ex oficial FACh Carlos Rey, al tomar la trágica y lamentable decisión de suicidarse, luego de ser notificado de una detención dictada en un proceso donde sabía que no se respetarían sus derechos fundamentales.