Es un escándalo nacional lo que pasa con los presos políticos uniformados de Punta Peuco.
Han sido condenados con un sistema derogado, basado en presunciones y ficciones jurídicas.
Se les han aplicado tratados no vigentes en Chile en perjuicio de los procesados.
Se han modificado leyes negando o dificultando beneficios de salidas o libertades, aplicándolas retroactivamente.
Se han elaborado informes psicosociales integrados, sin fundamentos, y/o falsos, para negar los beneficios a los que los presos tienen derecho (según informe de la Contraloría General de la República).
Actualmente hay más de mil procesos en desarrollo para condenar a ex uniformados.
Existe la Ley de Amnistía vigente, la que no es aplicada por los tribunales (delito de prevaricación).
A muchos presos políticos uniformados, se les ha «condenado a muerte», debido a los años de pena que les han sumado.
De 119 presos políticos (solo los de Punta Peuco), 48 son mayores de 75 años y con hasta 90 años de edad.
De los 119 presos políticos de Punta Peuco, 99 eran oficiales subalternos (subtenientes, tenientes o capitanes), o suboficiales (cabos 1º o cabos 2º)  al momento de los hechos por los que se les condenó.
A todos los presos políticos enfermos o moribundos se les han negado los indultos humanitarios.
Han fallecido 40 en total y en el último año y medio han muerto 15 presos políticos encarcelados.

Señores políticos, miembros de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), directores o jefes de instituciones (políticas, religiosas, sociales, de derechos humanos y otras), solucionen este escándalo.
Si no lo hacen la historia los responsabilizará.
Punta Peuco, agosto de 2019
Aníbal