El Tribunal Constitucional es un órgano fundamental de nuestro Estado de Derecho, cuyas funciones esenciales son la de resguardar la observancia del principio de supremacía constitucional y la de velar por la tutela efectiva de los derechos y garantías que nuestra Carta Fundamental asegura a todas las personas. Lamentablemente dicho Tribunal no ha cumplido a cabalidad tales funciones, al no haber acogido favorablemente las diversas acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la disposición constitucional octava transitoria y del artículo 483 del Código Procesal Penal; normas que vulneran abiertamente las garantías constitucionales del debido proceso y de la igualdad ante la ley, al permitir la aplicación —hasta el día de hoy— del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo a una determinada categoría de personas; un sistema que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial.

La disposición constitucional octava transitoria, así como la norma del precitado artículo 483 (que permiten la coexistencia de dos sistemas procesales penales) fueron establecidas para regular la entrada en vigencia gradual o progresiva del nuevo sistema procesal penal, pero una vez que éste entró en vigor en todo el territorio nacional —el 16 de junio de 2005— quedaron sin una causa o motivo razonable que las justifique (desapareció su ratio legis) y solo establecen una discriminación arbitraria, que nuestra Constitución prohíbe.

                     Adolfo Paúl Latorre,  Abogado