Sergio García Valdés Abogado
Opinión
El Mercurio

“…en nuestro país desde hace algún tiempo han ido desplegándose lenta pero sistemáticamente, logrando ya la condena de diversas personas y sin que exista una contención frente a ello, lo que les ha facilitado la acción a quienes los dirigen…”.

Se conoce con el nombre de tribunales populares a aquellos integrados por gente que asumió ilegítima e ilegalmente el derecho a juzgar y condenar personas, en ausencia de la ley y del debido proceso. Los hubo en la Rusia de Lenin, en la España Republicana, al comienzo de la Guerra Civil, y en Cuba, entre otras naciones.

Pues bien, en Chile también han comenzado a practicarse los mismos métodos de aquellos tribunales, sin que aparezcan constituidos oficialmente, a través de las redes sociales y de algunos medios de comunicación, e incluso en algunos casos con intenciones de lucrar, de venganza, y en otras con claros fines políticos.

Si bien tienen la característica común de que actúan de hecho, en nuestro país desde hace algún tiempo han ido desplegándose lenta pero sistemáticamente, logrando ya la condena de diversas personas y sin que exista una contención frente a ello, lo que les ha facilitado la acción a quienes los dirigen.

La forma que tienen de actuar es aprovechándose de noticias que van apareciendo y que en muchas de ellas son los mismos interesados quienes las estructuran cuidadosamente. Y que luego aprovechan sus actores, e incluso sus oponentes, en forma populista.

Me centraré en algunas de ellas, principalmente para ilustrar, en la práctica, cómo se producen y qué repercusiones crean. Durante el verano, a raíz de la campaña “playa para todos”, se destacó por la prensa las muchas denuncias existentes en orden a la dificultad de acceso a ellas, sea en mares y ríos, y especialmente en lagos del sur.

Así, un conocido columnista levantó polvareda cuando señaló que quienes se habían hecho de riberas, tenían la intención de aislarse de la sociedad porque en el origen de la fortuna de los que lo habían logrado, siempre era posible encontrar el crimen y abuso en personas que habían trabajado para ellos y que gracias a cuyo esfuerzo podían disfrutar de ese “edén”.

Dicha afirmación se hizo generalizadamente. O sea que era aplicable la imputación de crímenes y abusos a todos los propietarios riberanos. Causando la sorpresa, primero, y luego la severa molestia de los que habían podido adquirir predios con esas características, aprovechando de disfrutar de la naturaleza y hacer vida familiar, lo que hacían legítimamente de acuerdo a la autonomía de la voluntad y en una nación que permite invertir sus bienes en lo que ellos deseen, y que cuentan con el amparo legal a la propiedad.

De hecho, aprovecharon el ministro de Bienes Nacionales y la subsecretaria de esa cartera de actuar supuestamente protegiendo a la comunidad y con una mediatez y despliegue pocas veces vistos. El primero, informando en forma incompleta y equívoca sobre la legalidad del tema. Y la segunda, ingresando, después de romper candados, a una propiedad privada, recordándonos actuaciones de funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, especialmente en áreas comerciales y agrícolas. Con el agravante de que comprometieron al gobierno que representan.

Sí, mal informando a la comunidad, toda vez que el uso gratuito de los bienes nacionales como las playas, en cuanto a su acceso, requiere previamente de actuaciones del Estado que no se han realizado, sino que en forma muy excepcional, lo que consta de una resolución expresa, la que se ha omitido señalar y explicar a la opinión pública.

Todo ello ha creado un ambiente proclive a suscitar el odio hacia quienes son propietarios riberanos, exacerbado por las redes sociales, condenando nominativamente a grupos determinados.

Y así, podríamos dar muchos ejemplos similares en otros temas, donde se confunde la farándula, el lucro proveniente de los medios empleados y la intromisión a la debida intimidad de las personas, intentando destruir fácil y rápidamente su honra.

Creemos que aún estamos a tiempo de detener la aplicación de estos nuevos pseudotribunales, antes que la espiral impida su control minando las confianzas en sus semejantes, instituciones y autoridades. Es decir, creando un mal vivir para los habitantes de nuestro país que merecen la paz.