Por Humberto Julio Reyes

A escasos días de que concurramos, nuevamente, a las urnas para pronunciarnos frente a dos opciones mutuamente excluyentes lo que implica enfrentar un dilema, pareciera que ya hemos escuchado todos los argumentos, sea para apoyar o rechazar dichas opciones.

Habiendo ya expresado reiteradamente mi punto de vista, quisiera volver al origen del problema que se pretendió resolver con un nuevo texto constitucional.

Lo hago debido a que, con ligeros matices, a estas alturas pareciera existir un consenso generalizado en que los problemas de pensiones, salud y educación no se resuelven con una constitución, sea la vigente, tantas veces reformada, como una nueva que sí podría ayudar a solucionarlos.

Estos tres problemas están trabados por razones ideológicas que han impedido llegar a acuerdos y ello podría mantenerse a partir del 18 de diciembre, sin importar lo que votemos.

Vuelvo al origen, el llamado en jerga periodística “estallido social”, era naturalmente una expresión de un profundo malestar, inicialmente por treinta pesos y posteriormente por treinta años.

¿Alguien recuerda que los manifestantes, violentos o pacíficos, exigieran una nueva constitución?

Si el problema se hubiera definido como una presión social a la que era preciso disminuir a niveles controlables es posible que acordar un proceso constitucional hubiese sido una solución razonable, pero en términos de un paliativo o solución intermedia, mientras se avanzaba rápidamente en los temas prioritarios que no tenían por qué esperar a que se contara con un nuevo texto.

En el tema de las bajas pensiones el problema no son las AFP, ellas administran eficientemente las cotizaciones, pero si sus tasas son bajas, como lo ha recordado la OCDE, o la edad para jubilarse es temprana o existen lagunas por diversas causas, eso es lo que habría que resolver.

Respecto a la salud el problema tampoco sería la existencia de las Isapres, sino un sistema público que no ha mejorado en eficiencia, pese a recibir año tras año ingentes aumentos en su presupuesto.

De la educación más vale no hablar toda vez que su más reciente reforma y las políticas aplicadas por sus autoridades no guardan relación con la pretendida calidad y gratuidad que se ha nos han prometido.

Imaginemos por un momento todos en un sistema de reparto, administrado por el Estado; todos en el sistema público de salud y desaparecida la educación privada. ¿Estaríamos mejor o sólo iguales en mediocridad, al estilo “República Democrática Alemana”?

Hoy en día, ya transcurridos cuatro años, otros serían los problemas prioritarios: seguridad, corrupción y estancamiento de la economía, por mencionar los que pueden parecer más relevantes.

Nadie puede sentirse seguro, por poco que posea puede sufrir alguna forma de violencia delictual; la corrupción permite que los recursos, siempre escasos, se dilapiden en lugar de aportar a las soluciones; finalmente la economía, en el mejor de los casos, no crece.

Pero, un somero análisis de los tres ejemplos citados permite advertir que respecto a ellos también existen visiones ideológicas que dificultan definirlos correctamente, en ausencia de lo cual es improbable formular soluciones efectivas.

El nuevo texto que se plebiscitará no es ni pretendió ser la solución mágica a estos problemas, ni a los mencionados al inicio, pero incorpora o mantiene disposiciones que una vez legisladas sí ayudarán a solucionarlos.

La buena solución para cada uno de ellos sólo podrá plantearse cuando se llegue a una correcta definición del problema específico.

Difícil pero elemental. No repitamos la mala experiencia.

15 de dic. de 23