Adicionalmente, los parlamentarios pidieron una ley que degrade a todos los militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

La resolución 416, aprobada por la Sala de la Cámara el pasado martes 3 de noviembre, por 64 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones, solicita a la Presidenta de la República tomar todas las medidas necesarias para decretar el cierre del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, donde cumplen condena militares y agentes del Estado implicados en violaciones a los Derechos Humanos, procurando que estos condenados sean trasladados a cumplir sus condenas en centros penitenciarios comunes, como corresponde en democracia.
En segundo lugar, se pide a la mandataria el envío al Congreso de un proyecto de ley que permita degradar a todos los militares condenados por violaciones a los Derechos Humanos.

En los fundamentos, los legisladores expresan que “violenta aún a nuestra sociedad el hecho de que estos condenados se encuentren cumpliendo sus condenas en un centro penitenciario lleno de privilegios, y no en una cárcel común como corresponde en justicia”.

Adicionalmente, expresan que “resulta a lo menos cuestionable el hecho de que los condenados por delitos de lesa humanidad sigan manteniendo altos grados militares, percibiendo importantes beneficios previsionales del Estado, lo cual sin duda violenta a familiares de las víctimas y a la sociedad toda”.

La resolución fue presentada por los diputados PPD Daniel Farcas, Felipe Letelier, Cristina Girardi, Marco Antonio Nuñez, Guillermo Ceroni, Enrique Jaramillo, Rodrigo González y Loreto Carvajal; y PS Cristián Urizar, Juan Luis casto y Manuel Monsalve.