Nuevamente una demostración de odio y venganza del senador Espinosa y la respuesta que se merecía:

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Seguridad Pública:

*Cuando el Estado llega tarde: Iván Aróstica y el curioso descubrimiento de la realidad*

—René Fuchslocher

El caso del ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, merece algo más que un comentario policial. Durante un violento “turbazo” en su domicilio, en que él y su hijo resultaron heridos, repelió eficazmente a los atacantes usando un arma legalmente inscrita.

Inmediatamente surge una pregunta incómoda: ¿qué habría ocurrido si no la hubiese tenido?

La respuesta probablemente sea tan evidente como políticamente incorrecta.

Durante años —y a lo largo de los cuatro anteriores gobiernos— una parte importante del discurso público trató la tenencia legal de armas como si el principal problema de seguridad del país fuese el ciudadano honesto que cumple con una normativa cada vez más agobiante; inscribe su arma, rinde exámenes, se somete a fiscalización y la utiliza responsablemente para deporte, caza o defensa.

Se instaló públicamente un dogma: más armas legales equivalían automáticamente a más violencia. Pero los hechos suelen ser ingratos con las consignas.

Las armas utilizadas por el crimen organizado son, en gran medida, hechizas, internadas ilegalmente o sustraídas desde organismos estatales. Es decir, el problema no es el ciudadano registrado, sino la incapacidad del Estado para controlar fronteras, combatir el tráfico y custodiar incluso su propio armamento.

Desde una perspectiva jurídica el asunto es todavía más complejo. El Estado moderno reclama para sí el monopolio legítimo de la fuerza. A cambio, promete protección. Ese es el pacto: el ciudadano renuncia a la autotutela y el Estado garantiza seguridad. Pero ¿qué ocurre cuando una de las partes incumple?

Porque la policía no estaba en la casa de Aróstica cuando ingresaron los delincuentes. Como ocurre siempre, el Estado llega después: toma declaraciones, levanta evidencia, realiza peritajes y comunica estadísticas. La protección efectiva —la única que importa cuando una puerta cae a las tres de la mañana— llegó desde otro lado.

Y aquí parece producirse un curioso giro. Recientes declaraciones del Ministro de Defensa sugieren un cambio de tono: pasar de la demonización automática de las armas hacia una mirada más elemental y sensata, distinguiendo entre el ciudadano que cumple la ley y el delincuente que vive precisamente de quebrantarla.

Curioso descubrimiento: los delincuentes no suelen llenar formularios ni registrar armas.

Nadie sensato desea una sociedad armada hasta los dientes. Pero tampoco una sociedad infantilizada, donde el ciudadano quede obligado a depender exclusivamente de una protección que demasiadas veces simplemente no llega.

Porque hay una pregunta que ninguna consigna responde: si el Estado falla en protegerte, ¿puede exigir también que renuncies a toda posibilidad razonable de protegerte a ti mismo?

En torno a Temucuicui

SERGIO MUÑOZ RIVEROS

Señor Director:

Qué equivocado estaba el diputado Gabriel Boric cuando, el 7 de agosto de 2016, y acompañado del diputado Gonzalo Winter, dijo en las redes: “Hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui con el lonko Víctor Queipul dialogando con su comunidad”. La visita quedó registrada en una foto en la que ambos parlamentarios aparecen con una bandera mapuche, un grupo de mujeres del lugar y los líderes Víctor Queipul y Jorge Huenchullan, hoy en prisión.

Qué equivocados estaban los parlamentarios de izquierda que, por mucho tiempo, cerraron los ojos ante las acciones de los grupos dedicados al bandolerismo y el terrorismo, y que, por razones tóxicamente ideológicas, llamaban a “desmilitarizar La Araucanía”.

Fue muy prolongado el extravío de quienes justificaban los ataques incendiarios y demás tropelías en la macrozona sur como expresión de un falso conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, para lo cual hasta usaban el término “Wallmapu” como signo de insurgencia.

Cuánto oportunismo y cuánta cobardía hubo frente al foco político-delictual en el sur, el que creció hasta el punto de representar la más grave amenaza a la paz interna. Un discurso pretendidamente progresista validó los atentados de los años recientes como manifestación de “la causa del pueblo mapuche”.

Pero sucede que nada ha causado mayor daño a las familias mapuches que la acción desquiciada de grupos que han robado, quemado y asesinado en nombre de supuestas motivaciones ancestrales. Muchos trabajadores forestales de origen mapuche lo pagaron en carne propia.

Parte de la “noble justificación” de la violencia fue el populismo indigenista, cuyos activistas descubrieron el negocio de presentarse como cobradores de las deudas de cinco siglos. Ello se tradujo en el proyecto de Constitución que establecía las llamadas “autonomías territoriales indígenas”, lo que implicaba segmentar racialmente a Chile y abrir las compuertas a múltiples Temucuicui. Tal perspectiva, como sabemos, fue avalada por los partidos que gobernaron con Boric.

Es hora de desarticular a los grupos armados que desafían al Estado democrático. Es hora de ganar la paz en La Araucanía e imponer la ley en todo el territorio.