El acuerdo político-judicial que permitió la extradición del terrorista Hernández Norambuena, junto con ser la única fórmula posible, conforme a los tratados con Brasil, permite que uno de los asesinos de Jaime Guzmán se someta a la justicia chilena. Refuerza el imperio de la justicia que un delincuente prófugo sea reencarcelado y sometido a leyes y tribunales chilenos.

Refuerza también la democracia que se haga justicia a un emblemático terrorista subversivo, dando oportunidad a la igualdad ante la ley, en especial frente a violadores de derechos humanos. A su vez, la disminución de la pena -más teórica que real- que el acuerdo obliga, debería contribuir a un ambiente de superación de heridas y divisiones del pasado.

Debería…, pero dificultan la justicia y los valores republicanos al menos dos actitudes: el vergonzoso doble estándar de los jueces en las llamadas causas de derechos humanos y la pusilanimidad de los políticos de derecha.

Una torcida administración de justicia ha llevado a jueces a condenar a inocentes en base solo a presunciones, testimonios falsos o delitos ficticios, en contravención a la ley vigente y sin las condiciones mínimas de un debido proceso. Los jueces de derechos humanos, ¡no respetan los derechos humanos! Sabemos en cambio que hay terroristas -fácticos o autores intelectuales- que nunca han pisado un tribunal. De ahí que la extrema consideración del juez Carroza con el “Comandante Ramiro” provoque irritación y desconfianza.

Entre tanto, los políticos de derecha se apresuran en declarar que “condenan las violaciones a los derechos humanos”, agregando, sin distingos, que “los responsables están siendo juzgados”, desconociendo que la mayoría son inocentes y que aún quienes hayan cometido excesos en el combate antiterrorista -o incluso a pretexto de éste- tienen derecho a ser juzgados conforme a la ley y a un debido proceso, garantía que no admite excepciones.

Mientras no se diga claramente que el terrorismo viola los derechos humanos, que los terroristas son victimarios y no víctimas, no habrá justicia ni verdad histórica. Se ha abierto una buena oportunidad para el sinceramiento de la verdad y el fin de los dobles estándares.

Javier Leturia Abogado