El próximo 27 de abril se conmemora el 99° aniversario de Carabineros de Chile, y el Gobierno de José Antonio Kast alista un despliegue político y legislativo diseñado para blindar su agenda de orden público. Sin embargo, el anuncio central promete desatar un intenso choque político con la oposición: el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para devolver a la justicia militar las causas que involucren a efectivos policiales en actos de servicio.

Según información adelantada por el medio Ex-Ante, en La Moneda preparan una batería de medidas orientada a dotar de “épica y mística” el trabajo policial. Esta agenda incluye bonificaciones directas a las remuneraciones de los funcionarios, pero el mayor impacto institucional y judicial vendrá de la mano de la exclusión del Ministerio Público en las investigaciones contra uniformados.

El retorno a la Justicia Militar: Una promesa de campaña

El traspaso de las causas que involucren a efectivos de Carabineros y la PDI en servicio activo hacia un sistema jurisdiccional especial —regulado por el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Tribunales Militares— fue una de las principales promesas de la candidatura de Kast.

En su plan de campaña, denominado Fuerza Nacional, el actual Mandatario argumentó que no se podía seguir tratando a las policías “como unos funcionarios más”, prometiendo un sistema de defensa legal inmediata. Asimismo, el programa Desafío 90 —que fijaba la hoja de ruta para los primeros tres meses de gobierno— ya estipulaba explícitamente la necesidad de “encontrar mecanismos de respaldo judicial al uso legítimo de la fuerza (…) en actos de servicio (justicia militar)”.

Fotografía de Carabineros mientras realizan un allanamiento. Foto: Aton Chile.

En la práctica, este cambio implica que los casos contra uniformados podrán iniciarse por denuncias o de oficio por los propios fiscales militares. Además, permitiría que los funcionarios declaren por escrito o a través de abogados, facilitando que se mantengan en servicio activo sin afectar la dotación en las calles, una medida que desde ya anticipa un duro debate en el Congreso Nacional respecto a la transparencia, los derechos humanos y el control civil sobre las policías.

Mejoras económicas y el despliegue del Ministerio de Seguridad

Para amortiguar el debate y mostrar una señal de autoridad, el Gobierno planea acompañar estos anuncios con un masivo despliegue de ministros y subsecretarios. En el ámbito laboral, el Ejecutivo confirmará un aumento en la asignación de riesgo para los efectivos que patrullan y persiguen delincuentes en la primera línea.

Estas iniciativas buscan consolidar el rol de la recién asumida ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha enfrentado un complejo debut marcado por salidas en los equipos de inteligencia. Para afianzar los vínculos con las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado, Steinert sostuvo este viernes un almuerzo estratégico con el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director de la PDI, Eduardo Cerna; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Foto: Aton.

Con este telón de fondo, y complementado con operativos recientes como el plan Escudo en Ruta, el Presidente Kast jugará una de sus cartas más arriesgadas en materia de seguridad, buscando retomar la iniciativa política mientras tensiona al máximo la relación con sus detractores políticos.