Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente el Pleno de la Corte Suprema emitió una Declaración Pública en que rechaza la intención de los partidos políticos que integran el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, de acusar constitucionalmente a tres integrantes de la 2da. Sala (Sala Penal) de dicha Corte Suprema, luego que esta otorgara la libertad condicional a siete ex uniformados cumpliendo condena en el presidio de Punta Peuco.

De esta forma, el máximo tribunal del país estimó que esta posible acción es una “grave afectación de la autonomía de los magistrados” que amenaza “la autonomía indispensable“ para el desempeño de los jueces.

En una declaración de cinco puntos, el Pleno considera que esta posible acción también pone en riesgo “la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Junto con reconocer las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que consagra la Constitución Política del Estado, es necesario destacar que en esta declaración de 5 puntos el máximo tribunal de la república hace notar la imprescindible necesidad de que en un Estado de Derecho se respete  las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República.

Destaca a continuación entre entre las bases del mismo Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal y que incluso la Naciones Unidas han manifestado que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho,  sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo (principio 2), por lo cual “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales” (principio 4), postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Manifiestan los jueces que ha sido en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, que los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron los recursos de amparo interpuestos en favor los ex uniformados condenados, lo que origina esta acusación “dado el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó el derecho en el caso.”

A continuación nos indica el Pleno de la Corte Suprema que el cuestionamiento a una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, lo que se considera reñido con el ordenamiento constitucional, generando “una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial.”

Notable es el cierre de esta Declaración Pública en que los magistrados concluyen que “Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental.”

La verdad es que hace mucho tiempo ha dejado de llamar la atención el doble estándar que la izquierda tiene cuando se trata de aceptar o no cualquier hecho ya sea judicial, social, moral, incluso económico, según sus propias conveniencias. Así ha sido históricamente, jugando con las leyes y el estado de Derecho. Lo hicieron durante el siglo 20 y continúa exactamente igual en el siglo 21, permaneciendo dentro del sistema del estado pero aceptando sus resoluciones solo cuando le ha convenido, basta recordar las ambigüedades  del gobierno de Salvador Allende y sus resquicios legales, además de los constantes ataques al poder judicial y que decir de los acuerdos políticos aprobados  por el Partido Socialista en el Congreso de Chillan, en noviembre de 1967, y en el Congreso de La Serena, en enero de 1971 donde permaneciendo en el sistema democrático manifestaba “’1.El PS, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

“2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

Está en el ADN de la izquierda protestar, victimizarse cuando le conviene, generar sus mártires, incluso sus santos, amedrentar a cualquiera que se oponga a sus objetivos, sean autoridades, entidades, personas, en fin todo lo que considere necesario para cambiar la historia.

La gran mayoría de los ex militares y policías procesados o presos, con conformidad o no, muchos de ellos sintiendo que se cometía una gran injusticia en la forma y en el fondo de sus procesos, finalmente han aceptado las resoluciones de la justicia, se han presentado a los tribunales cuando fueron requeridos y en su mayoría enfrentaron las condenas que les han afectado de por vida a muchos. Finalmente, el cumplimiento de la ley, de los reglamentos y las normas vigentes, las mismas que llevó a gran parte de ellos a cumplir las órdenes que se les impartieron en el pasado, les han llevado en el presente a aceptar el destino que los poderes del estado, el mismo que ayudaron a restituir en épocas turbulentas, hoy les impone gravemente… Está en su ADN, uno muy distinto que hasta hoy tienen una gran parte de la izquierda.