En carta publicada el 3 de agosto, un grupo de políticos cuestionan la “fragilidad” institucional del país, luego de que una sala de la Corte Suprema concediera la libertad condicional a condenados por delitos de lesa humanidad.

Los autores de esa carta parecen olvidar que la independencia judicial es un pilar fundamental de la institucionalidad chilena. Ciertamente, ella debe incluir la posibilidad de que los jueces puedan interpretar y aplicar el Derecho vigente sin presiones de carácter político, aunque ello resulte impopular. Así, que la Corte Suprema y sus ministros actúen con independencia de criterio al resolver un asunto concreto -fallándolo fundadamente en un sentido diverso a otros casos similares- no debe ser motivo de sorpresa y, mucho menos, objeto de críticas destempladas.

Los firmantes de esa carta no parecen advertir que más frágil se hace la institucionalidad cuando los grupos políticos pretenden imponer a los tribunales -y en este caso, al máximo tribunal de la República- el contenido de sus resoluciones judiciales.

Benjamín Morales Palumbo
Abogado