Uno de los candidatos con mayores posibilidades de ser elegido como Ministro de la Corte Suprema, es el juez Javier Moya, el que cuenta con un sólido apoyo de la izquierda Parlamentaria.

Una particularidad del  juez Moya, es que fue preso político durante el régimen militar y por probidad en su función pública, éticamente se ha inhabilitado en casos vinculados a la violaciones de los Derechos Humanos, argumentando una suerte de conflicto de interés.

El  estándar ético legal de juez Moya,  lo enaltece ante la ciudadanía y frente a sus pares, a diferencia de  quienes  por sus fallos y comentarios, expresan su posición política  en materia de DD.HH. o denotan su odiosidad para con los supuesto violadores.

La verdad,  que este estándar ético de inhabilitarse cuando hay conflicto de interés, no está presente en los Senadores y Diputados, pertenecientes a Partidos Políticos y organizaciones que practicaron como método lucha el terrorismo, antes, durante y después de la Dictadura. Es así como  participan en comisiones y votan materias relacionadas con los Derechos Humanos, demostrando al fundamentar su voto, un alto nivel de rencor y espíritu de venganza, en contra de quienes fueron sus enemigos, los militares y policías que cumplieron misiones anti terroristas. Esta conducta fue patética en la interpelación del Ministro de Justicia y en la acusación constitucional en contra de jueces Supremos, que fallaron en contra de sus intereses políticos.

Es un hecho que algunos jueces y parlamentarios al no inhabilitarse, están abiertamente violando la ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de conflictos de interés. Ley que previene y sanciona, específicamente los conflictos de interés.

Dr. Jaime Manuel Ojeda Torrent

PhD.Universidad Libre de Bruselas