Por Roberto Hernández Maturana

Ana Piquer,  Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, en una carta dirigida al diario “El Mercurio“ de Santiago el pasado 14 Mayo, defiende a su organización, ante la calificación de compartir una “carga ideológica” con otras organizaciones internacionales, expresada en  el editorial del 11 de mayo de aquél, manifestando que su organización se escandaliza porque comuneros mapuches fueron condenados con pruebas insuficientes, llamando “a no criminalizar sin pruebas, a exigir estándares probatorios mínimos de acuerdo a un debido proceso y el respeto a la presunción de inocencia”, agregando más adelante que “las tres personas fueron condenadas sobre la base del testimonio de una persona que declaró dos veces sin presencia de un abogado”.

Esa es precisamente la realidad que hoy viven cientos de ex uniformados que se encuentran presos o procesados bajo un sistema procesal derogado en Chile el año 2005; dónde no se les aplica la presunción de inocencia; donde son acusados con pruebas que en el nuevo sistema procesal (que rige para todos los chilenos, excepto los militares)  serían insuficientes; donde no se les permite contar con abogado en las diligencias del juez; donde se les juzga bajo una figura legal inexistente hace 45 años cuando ocurrieron los hechos por los que se les acusa, pero instaurada en Chile en 2009 (cuando nuestro país adhirió al Estatuto de Roma, para perseguir los crímenes de “lesa humanidad”), pero aplicada en nuestro pais con efecto retroactivo, una barbaridad jurídica; donde el mero testimonio de alguien que recuerda a esa persona o reconoce su voz 45 años más tarde, ha bastado para procesar y encarcelar ex uniformados, muchos de ellos muriendo hoy encarcelados viejos y enfermos.

Suena bien la expresión final de la carta de la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, casi poética cuando nos dice que “Los derechos humanos son un proyecto global del cual Chile es parte y busca que la humanidad establezca límites para si misma, para resguardar su propia humanidad; amparando el respeto de la dignidad de todas las personas”.

Ciertamente hoy existen cientos de  ex uniformados a quienes no se le ha respetado sus derechos humanos. Ojalá Amnistía Internacional se preocupara también de ellos, no para defenderlos, si no sólo para pedir una justicia “justa”… la misma que se aplica a todos los chilenos. De otra forma no se puede evitar pensar que A I sí tiene una “carga ideológica” hacia una determinada dirección.