Por Carlos Peña González

Entre los violadores de derechos humanos hay algunos que vagan en medio de las nubes de la memoria, y otros que sobreviven apenas atrapados por alguna enfermedad terminal.
¿Tiene sentido -se preguntó esta semana- seguir castigándolos?
El problema surgió a propósito de quienes violaron los derechos humanos; pero, para que se le plantee correctamente, no ha de referirse solo a ellos. Una regla, cualquiera, para ser justa ha de satisfacer un mínimo requisito de imparcialidad: aplicarse a todos quienes caen bajo la circunstancia que la regla juzga relevante.

Así las cosas, no cabe preguntarse si acaso los violadores de derechos humanos dementes o enfermos deben ser entregados a sus familias para que curen sus heridas o los acompañen a morir, sino si cualquier criminal en esa situación debe recibir esa postrera (y ya inútil) indulgencia.
Son varias las razones para sostener que sí.
La más obvia es que, en general, la pena tiene sentido si el sujeto que la sufre la vive como tal. Pero si el condenado es incapaz de tener la vivencia del castigo, si por padecer alzhéimer u otra forma de demencia no sabe dónde está, ni sería capaz de explicar por qué está en esta o en cualquier otra parte, si no es más que un cuerpo abandonado a sí mismo y al compás del olvido, ¿qué sentido tiene el castigo? ¿Cuál es el sentido de privar de libertad a quien ya no es capaz de experimentarla ni anhelarla? El criminal ya no está ahí (el yo que él alguna vez fue ya no existe, se extravió en las nubes de la memoria), y sus víctimas solo cuentan con un cuerpo para castigar, pero no con un sujeto (un enfermo de alzhéimer es un cuerpo que, al no tener memoria clara y no poder narrarse a sí mismo, podría ser cualquiera).

La situación no es muy distinta cuando el criminal está asolado por una enfermedad terminal que lo ha transformado en un doliente de tiempo completo. Si hizo daño, ya no puede hacerlo a nadie; si hizo sufrir, ahora es él quien sufre; si no quiere reconocer el pasado ya poco importa, porque no tiene ningún futuro; si no muestra arrepentimiento es irrelevante, porque un moribundo arrepentido y otro pertinaz solo se diferencian por la suerte que cada uno tendrá en el improbable juicio final del que ninguno será testigo. En este caso, la pena carece de sentido y arriesga deslegitimarse a sí misma porque, aun dictada con justicia, en medio del sinsentido de la enfermedad terminal se parece mucho a la crueldad. Y la crueldad tiene un lugar en la condición humana, sin ninguna duda, pero un Estado respetuoso de los ciudadanos no puede tolerarla por medios públicos, ni siquiera cuando quien la padece hizo gala de ella y la ejerció con innoble y perfecta maestría.

¿Y si quien está ahora desmemoriado o carcomido por el cáncer fue alguien que se sirvió de los medios del Estado para violar sistemáticamente los derechos humanos?
El violador de los derechos humanos mató o hizo desaparecer personas por motivos políticos y llevó a cabo sus actos de crueldad con la sistematicidad de un burócrata, sirviéndose para ello de los medios del Estado. Y, a diferencia de sus víctimas, la pena que él ahora padece fue el resultado de un juicio justo, en el que tuvo la posibilidad de defenderse. Y sus crímenes son, por eso, imperdonables.
Pero aquí no se trata ni de negar los crímenes ni de perdonarlos.
Se trata de reconocer que, bajo ciertas condiciones, la pena penal perdió todo sentido, porque el criminal a quien se quería castigar se le arrebató al Estado por la mano impredecible del destino. ¿O acaso tiene sentido castigar a quien ya no es un yo capaz de vivenciar la experiencia del castigo, o a un viejo a quien el cáncer lleva a empellones hacia la muerte?

Como se ve, no es la justicia, tampoco la moral ni menos la misericordia, tampoco el cálculo, la que obliga a liberar a quienes padecen alzhéimer o cáncer terminal.
Es la razón.
Castigar a un sujeto que ya no es tal, o a un cuerpo empujado dolorosamente hacia la muerte, no es injusto o inmoral.
Es simplemente irracional.