En seminario convocado por la Multigremial de militares en retiro, abordaron la situación procesal actual de sus representados en medio de la polémica por la acusación constitucional en contra de magistrados que decretaron la libertad condicional a reos de Punta Peuco.

Por Leonardo Núñez, Emol

Cerca de 45 abogados que defienden a militares en retiro procesados por causas de derechos humanos, se dieron cita este fin de semana en un seminario donde intercambiaron información y compartieron sus estrategias de defensa, en medio de la fuerte controversia por los beneficios penitenciarios a ex uniformados.

La actividad, convocada por la Multigremial de Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en Retiro, y que se desarrolló en el Hotel El Bosque, de Vitacura, coincidió con los reproches cruzados entre Poderes del Estado debido a la acusación constitucional interpuesta por un grupo de diputados en contra de los magistrados de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, por conceder la libertad condicional a reos condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían condena en Punta Peuco.

Aunque el seminario, titulado “Juicios sobre Derechos Humanos ¿justicia o venganza?”, no tenía como fin centrarse en este tema, fue inevitable que se abordara. Sobre ello, el abogado Marcos Romero indicó que “los derechos básicos son los que se violan cuando se pretende impugnar el ejercicio en derecho de la libertad condicional”.

Por esto, consideró que la acusación constitucional contra los supremos, que ejercen el poder de un organismo autónomo, “es evidentemente un amedrentamiento”.

Respecto de la situación procesal actual de los ex funcionarios condenados o procesados, los juristas intercambiaron sus experiencias. En ese sentido, recordaron casos de ex uniformados que han recibido sentencias condenatorias como partícipes sólo por presenciar hechos de detenciones o crímenes, sin que hayan intervenido en dichos delitos.

Además, coincidieron en señalar que el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, del que Chile es parte, “contiene garantías mínimas del debido proceso que son constantemente vulneradas -según acusan-, como por ejemplo, el derecho de sus representados a contar con la asistencia de un abogado desde las primeras diligencias de investigación y que el abogado esté presente en los interrogatorios de los testigos de cargo y descargo en la etapa de investigación, entre otros”.

Marcela Jeldres, integrante de la Agrupación de Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, destacó que entre los temas abordados, “se analizara la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reiteradamente ha señalado que los Estados tienen el deber de respetar las garantías judiciales reconocidas en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación alguna”.

En esa línea, el suboficial (en retiro) Alejo Riquelme, presidente de la Multigremial, señaló que “no estamos ajenos a que aquellos de los nuestros que hayan cometido delitos, sean juzgados; pero sí queremos que dentro de ese juzgamiento se respeten sus derechos”.

El año pasado se interpusieron 7 mil denuncias por torturas, y el número de personas cumpliendo penas privativas de libertad se ha incrementado desde el año 2014 a la razón de 50 personas por año. “Esto es una realidad a nivel nacional, ya no es Punta Peuco y Colina, es una realidad de Arica a Punta arenas”, añadió Jeldres.

Pedro Veas, vicepresidente de la agrupación, agregó que el sentido del seminario era que justamente los abogados que defienden causas en todo Chile, y que suelen trabajar de forma independiente, pudieran conocerse y aunar criterios.

También reiteró que seguirán insistiendo con diferentes actores del mundo político y del Gobierno, para que a los militares en retiro se les deje de juzgar bajo el antiguo sistema procesal penal que “no se aplica en Chile desde el año 2005” para el resto del país, “justamente por atentar contra derechos fundamentales”.

Un oficio del 10 de julio de 2018 de la Subsecretaria de Derechos Humanos dio cuenta de que hay 1051 procesos en cursos y que a ello se suman 432 causas con sentencia ejecutoriada.

Al finalizar la jornada, se hicieron pública las conclusiones con presencia de familiares y amigos de quienes se encuentran en Punta Peuco y Colina 1, entre quienes se encontraban Jeannete Castañer, quien presentó su caso “Esposa de un Inocente”, y el ex candidato presidencial Jose Antonio Kast.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Nacional/2018/08/26/918411/DDHH-Abogados-de-militares-R-procesados-coordinan-estrategias-ante-controversia-por-beneficios-penitenciarios-a-favor-de-sus-defendidos.html