Escribe: Adolfo Paul Latorre, Abogado.

Es muy comprensible el dolor que siente el diputado Tucapel Jiménez por el trágico fallecimiento de su padre, no así el odio que alberga en su corazón contra quienes cometieron delitos políticos durante una época de excepción constitucional y que en una situación de normalidad institucional no habrían ocurrido.

Tampoco entiendo de qué beneficios habla, en circunstancias que a los militares, carabineros y policías no les ha sido respetada la Ley de Amnistía —que sí les fue aplicada a subversivos y terroristas que cometieron numerosos asesinatos y otros gravísimos crímenes— ni el derecho humano a un debido proceso, la presunción de inocencia, la cosa juzgada, las normas sobre prescripción de la acción penal, la igualdad ante la ley y el principio de legalidad.

En cuanto al arrepentimiento, cabría comentar que ningún tratado internacional lo exige para otorgar beneficios penitenciarios, como tratan de hacernos creer activistas de los derechos humanos, ni siquiera aquellos que se refieren específicamente a los delitos de lesa humanidad; lo que no es el caso de los beneficiados, puesto que los hechos que se les imputan ocurrieron antes de que entrara en vigor la ley que tipificó tal clase de delitos en Chile (la 20.357 del 18 de julio de 2009). Por lo demás, ¿de qué podrían arrepentirse quienes están libres de culpa o son inocentes de los crímenes por los cuales fueron condenados?