El enviado especial: Vínculo de la FARC con el PC y Grupos Mapuches

El abogado Felipe Silva recibió hace seis años un informe sobre los vínculos de las FARC con el PC y grupos mapuches, que le entregó el Ministerio de Defensa del gobierno colombiano. Hoy acusa que «la Fiscalía no ha hecho la pega» y pide explicaciones a la presidenta Michelle Bachelet. Hace público el documento y dice que prefiere difundir la información para que sea la ciudadanía la que evalúe el tema.

Durante seis años mantuvo su compromiso de guardar reserva sobre el informe que recibió en Colombia. Pero el actual contexto de violencia en el sur de Chile motivó al abogado Felipe Silva a hacer público el documento que acusa un vínculo de las FARC y grupos mapuches, y de los lazos que el grupo guerrillero mantuvo con el Partido Comunista (PC).

Llama la atención que pasado todo este tiempo y teniendo en las manos un informe tan detallado como éste no haya sido posible calificar los delitos que ocurren hasta hoy como tales. La cantidad de ataques, el orden con que actúan, la logística, la capacidad para hacer daño y replegarse evidentemente corresponden a personas que recibieron instrucción armada. Y aquí no se hizo nada, recrimina el profesional que hoy busca poner a disposición de las víctimas el contenido completo de ese secreto informe cuyo contenido íntegro siempre se mantuvo bajo total confidencialidad . (Correos entre Raúl Reyes y el encargado de la propaganda internacional del grupo terrorista).

El primer link sobre el tema lo obtuvo la presidenta Michelle Bachelet, en su primera administración cuando, en mayo de 2008, el ex mandatario Álvaro Uribe le envió por medio de Gustavo Villalobos –también director de la ANI en ese gobierno– un completo dossier que el gobierno nunca entregó al Ministerio Público, por considerar que la información no acreditaba delitos. El revuelo se armó cuando tres meses más tarde, en agosto de 2008, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina entregaron al fiscal nacional Sabas Chahuán esa misma documentación, sin explicitar cómo habían accedido a ella.

No tengo certezas si la Fiscalía ejerció bien su labor. Lo pongo en duda. Creo que hay un desaprovechamiento de esta información para calificar estos delitos como corresponde: asociación ilícita o que se haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado para tipificarlos de alguna forma. El tema es que no lograron judicialmente solucionar el problema. Los cabecillas después de seis años siguen intocables, los daños se están multiplicando, las zonas de conflicto se han ampliado y la capacidad que tiene el Estado de reaccionar es nula.

Se Cuestiona que el PC siga legislando, aún cuando los mensajes electrónicos dan cuenta, según él, de la vinculación de varios de sus personeros con las FARC. Además, pide explicaciones a la presidenta Bachelet. “La ANI consideró que las materias del informe no eran constitutivas de delito. Yo me pregunto ¿es la aAgencia de Inteligencia la institución indicada para decir si existen o no delitos? La respuesta es no. Eso es atribución de los tribunales de justicia. Entonces, obviamente, uno sospecha, ¿hubo interés para que esto no se investigara?”.

La presidenta Bachelet tuvo cuatro meses para entregar el informe al Ministerio Público, y no lo hizo. Yo le pediría a ella que explique pormenorizadamente qué se hizo con este informe. Pasados los años vemos que el tema sigue pendiente y me parece grave que el gobierno chileno no haya adoptado una postura clara respecto al problema mapuche, que sigue con un nivel de desprotección jurídica y judicial.

Artículo y entrevista a Felipe Silva en Revista Qué Pasa, septiembre 2015

 

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