Por Alvaro Pezoa B.

“No solo fue la donación del avión a ME-O en 2013 ni las sospechas del pago de deudas de campaña de Bachelet un año después: al menos desde 2009 la constructora brasileña (OAS) vinculada al caso Lava Jato -el mayor escándalo de corrupción en ese país y con ramificaciones a varios otros países- mantiene contactos y colabora con dirigentes de la ex Concertación y de la ex Nueva Mayoría”, fue la bajada al título de un extenso reportaje de investigación periodística publicado el domingo en este mismo medio. En síntesis, por instrucciones de la fiscal de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Santiago Centro en 2017 la PDI incautó abundante información digital, incluyendo correos electrónicos que revelarían la trama de las denominadas “platas políticas” de OAS en Chile. Fruto de una intrincada armazón jurídico-financiera las campañas de Frei (2009) y Bachelet (2013) se habrían visto beneficiadas por aportes económicos efectuados por esta compañía extranjera, realidad expresamente prohibida por la ley. Se trata de la misma empresa a la que se imputa en Brasil haber regalado al expresidente Lula da Silva un amplio departamento en un lujoso condominio frente a la playa, a cambio de favores comerciales. Cabe recordar que, por este hecho, Lula fue condenado a nueve años y medio de prisión y encarcelado en abril pasado.

En Chile, como en otras latitudes, la colaboración al financiamiento de campañas presidenciales de la centroizquierda por parte de OAS buscaba generar conocimiento y simpatías en estamentos político-gubernamentales con el fin de facilitar la concreción de atractivos negocios. El reportaje antemencionado señala ministerios y destacados personeros públicos que habrían sido contactados para estos efectos. Por cierto, un nombre repetido aparece en el centro de estas gestiones: Giorgio Martelli, “operador político” ex PPD, que trabajó en los equipos de recaudación de fondos para las segundas campañas presidenciales de Frei y Bachelet. A raíz de esta denuncia periodística Chile Vamos pedirá una comisión investigadora especial. Además, solicitará al fiscal Jorge Abbott indagar y citar a declarar a los expresidentes indicados.

Es de esperar que las iniciativas en orden a esclarecer los hechos reseñados arrojen luces y certezas, independientemente de si ellos se encontrasen legalmente prescritos. A los casos Penta y SQM, se sumaría éste, dejando al descubierto la extensión y profundidad de la corrupción existente en la confabulación entre el poder y el dinero. Probablemente quedaría en evidencia aquello que es secreto a voces, esto es, que las pésimas prácticas en la materia tocan indistintamente a todos los colores políticos y parecen haber favorecido a personas que han llegado a gozar de alta popularidad entre una ciudadanía que desconocía estos intríngulis ocultos tras bambalinas. Los nuevos antecedentes no solo pueden resultar útiles para que se sepa realmente quién es quién, sino que generan una importante oportunidad para que las autoridades pertinentes impulsen con fuerza una nueva “agenda legislativa de probidad y transparencia”, muy especialmente en lo que dice relación con la compleja cuestión del financiamiento de la actividad política. Sobretodo abren espacio para que muchos entre quienes ejercen la política y los negocios se decidan, de una vez por todas, a modificar sus conductas y a dar buen ejemplo. Chile lo necesita y todavía es tiempo.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por La Tercera.