Lo que el Consejo no es

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Columna de Carlos Peña El Mercurio 6 DIC 2015

Una forma de entender el papel del Consejo de Observadores Ciudadanos nombrado por la Presidenta Bachelet, consiste en detenerse a examinar lo que no le corresponde, lo que no es.

Esa estrategia (detenerse a describir lo que no le corresponde a algo para así entenderlo mejor) es tan vieja que se remonta a Aristóteles.

¿Qué tareas no le corresponden a ese consejo?

No le corresponde establecer el procedimiento que habrá de seguirse para discutir una nueva Constitución. Si acaso habrá asamblea constituyente, plebiscito u otra fórmula, lo decidirá el Congreso Nacional. La opinión que cada miembro del Consejo tenga acerca de esto es perfectamente irrelevante.

No le corresponde indicar cuál habrá de ser el contenido de la futura carta o siquiera insinuar alguno. Un consejo encargado de eso existió en Chile durante la dictadura (se le llamó Comisión de Estudios para la Nueva Constitución) y no es posible que exista hoy.

No le corresponde informar acerca de las experiencias constitucionales comparadas o allegar datos acerca de otros procesos constituyentes. El consejo no es una comisión de expertos o de técnicos. Hay algunos técnicos en él; pero no es en esa condición que se les invitó a integrarse, sino en la calidad de ciudadanos de a pie que de vez en cuando, sorprendentemente, ejercen.

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No le corresponde ser árbitro del proceso político, una especie de tercero imparcial que dirime o resuelve las controversias que durante el proceso político se planteen. En una democracia es inconcebible que el diálogo y el debate político tengan instancias arbitrales distintas a la voluntad mayoritaria del pueblo. El pueblo es el soberano y el soberano, por definición, no está bajo el control de nadie (y si estuviera bajo el control de alguien, este último sería el verdadero soberano).

No le corresponde ser un órgano de representación corporativa, algo así como una representación de lo que alguna vez se llamó «fuerzas vivas» de la nación. Fuera de que algunas de esas fuerzas vivas faltan en el consejo (y hay otras que, estando integradas a él, de vivas les queda poco) anhelar algo así sería desear un consejo de Estado de aire fascista (también existió durante la dictadura).

No le corresponde controlar el resultado de los diálogos ciudadanos. Un control de ese tipo (los filósofos lo llamarían epistémico) tendría por objeto asegurar que sus conclusiones se acercaran a la verdad. Pero en política y en materias constitucionales ni la verdad existe, ni hay sujetos capaces de controlar, siquiera en apariencia, su obtención. Y, después de todo, si hubiera alguien capaz de cerciorarse qué conclusión política es verdadera o mejor que otra, ¿para qué el rodeo inútil de preguntarle al pueblo?

No le corresponde observar directamente los diálogos ciudadanos. Algo así es físicamente imposible, materialmente irrealizable, ni un muestreo estadístico lo permitiría. Se opone a ello, además, el hecho de que los miembros del consejo no abandonarán su trabajo cotidiano. Y como carecen del don de la ubicuidad (algo así, como todo el mundo sabe, solo le corresponde a Dios) no es posible que establezcan vigilancia alguna. Y algunos, además, padecen un problema insalvable: son actores del debate y al mismo tiempo pretenden observarlo (P. Zapata, G. Gómez, A. Fermandois), integran el consejo y a la vez deben someterlo al escrutinio de los medios en los que participan (P. Fernández, C. Rovaretti). Contravienen, pues, la regla fundamental: no se puede ser observador y observado.

Después de todo eso surge la pregunta del millón.

Si a ese consejo no le corresponde establecer o siquiera insinuar el procedimiento constitucional; si no le corresponde redactar el contenido de las futuras reglas constitucionales; si no le corresponde indagar en la experiencia comparada; si no le corresponde arbitrar el proceso político; si no le corresponde representar la vida orgánica de la sociedad chilena; si no le corresponde controlar epistémicamente la búsqueda de la verdad política; si no le corresponde vigilar in situ el proceso; si no le corresponde proveer observadores; si nada de eso le corresponde, entonces, ¡¿qué es lo que le corresponde?! ¡¡¿¿Alguien tendría la amabilidad de explicar qué es lo que le corresponde??!!

La única respuesta sería desoladora.

Le corresponde aprobar las cartillas de educación cívica y los videos, revisar el presupuesto, cosas así.

Nada o casi nada.

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