Cuando falleció la fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana González, de filiación comunista entre 1942 y 2002, el hecho tuvo amplia repercusión nacional e internacional. Hubo un entierro multitudinario. Vi en canal 13 el detalle de su actuación pública desde que su marido, dos hijos y su nuera figuraron como “detenidos desaparecidos”, en 1976. El “New York Times” le dedicó una destacada crónica como “defensora de los derechos humanos”, aunque el diario no explicó cómo se compatibilizaba esa condición con su militancia comunista.

Me llamó la atención una fotografía de ella en “La Tercera”, de sus últimos años, en que están en primer plano sus manos, finas y elegantes, manicuradas con rara perfección, sus uñas perfectas, pintadas de color burdeos y valiosos anillos entre los que destacaba una fina amatista. Manos y joyas dignas de la realeza europea y reveladoras de un muy buen pasar. Inevitable pensar en las indemnizaciones del Estado chileno por sus cuatro pérdidas y, por asociación, recordar la declaración de Luis Corvalán, Secretario General de su partido, a “La Stampa” de Milán, del 26 de octubre de 1973: “Las armas que teníamos, de las cuales los generales han descubierto una mínima parte, desgraciadamente eran pocos los que las sabían usar, porque no había habido tiempo suficiente para adiestrar a la masa popular”.

Busqué a sus deudos en la lista de 600 supuestos detenidos-desaparecidos que el director de la DINA envió a todos los jueces sumariantes (y a mi persona), señalando sus respectivos destinos. Los encontré entre los más de 500 publicados por la Vicaría de la Solidaridad en 1980. Recuérdese que al término del Gobierno Militar la única denuncia por detenidos-desaparecidos constaba en esos siete tomos de la Vicaría, “¿Donde Están?” y en el libro de Patricia Verdugo y Claudio Orrego, “Detenidos Desaparecidos: Una Herida Abierta”, que detallaba 600 casos. Era un tema que venía de los primeros años de combate al terrorismo, pues entre 1978 y 1990 hubo menos de dos casos al año, según el Informe Rettig. El marido, los hijos y la nuera de Ana González fueron detenidos en una operación reconocida por la Dirección de Comunicación Social (DINACOS) de la época, como de desmantelamiento de “casas-buzón del Partido Comunista”, pero el Ministerio del Interior nunca pudo dar cuenta a los tribunales del paradero de los cuatro detenidos en esa operación, familiares de Ana González. Fue uno de los casos que condujo a la disolución de la DINA.

Las manos distinguidas de Ana González me hicieron recordar la acusación que lanzó el juez Alejandro Solís en la TV contra el brigadier (r) Miguel Krassnoff, cuando le hice ver que le había impuesto centenares de años de condenas ilegales sin haberlo interrogado ni una sola vez. En la oportunidad Solís exclamó que el entonces teniente Krassnoff, había ejecutado con sus propias “manos ensangrentadas”, a la dirigenta del MIR Diana Arón, exclamando “¡terrorista y judía más encima!”

Cuando en este blog he defendido la inocencia de Krassnoff, puesta de actualidad porque el Gobierno demandó hace poco la baja de dos coroneles –uno de ellos hijo de Krassnoff– por haberlo mencionado en una ceremonia de premiación deportiva de la Escuela Militar, donde fue Subdirector, uno de los “troles” de izquierda que habitualmente me contradicen, sacó a colación el episodio de las “manos sangrientas” de él tras haber supuestamente asesinado a Diana Arón, poniéndolo en boca del informante de la DINA, Osvaldo Romo.

Mandé prguntar al brigadier preso por esas versiones y me informó que Diana Arón, integrante del Comité Central del MIR, cayó en combate al descubrirse una casa de seguridad del MIR en calle Joaquín Godoy 315 de Santiago, el 19 de noviembre de 1974. Sus restos fueron entregados al Instituto Médico Legal, que los envió como NN a uno de los patios 9, 12, 25,26,27,28 y 29 del Cementerio General, donde no han sido sometidos hasta hoy a examen de ADN, como tampoco lo han sido los restos óseos descubiertos en la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de doña Ana González (“La Tercera”), hallazgo que provocó una crisis en la entidad.

El brigadier me respondió que en el combate del 19 de noviembre de 1974 ni él ni el personal bajo su mando participaron; que en la fecha en que la terrorista fue abatida, él se encontraba en comisión de servicio en el extranjero, lo cual está documentado en el proceso. No obstante, el ministro sumariante Alejandro Solís, sin haberlo siquiera interrogado, le impuso 15 años de presidio por la muerte de Diana Arón.

Si se revisa el nombre de ésta en Wikipedia, aparece el abogado Gabriel Zaliasnik, militante UDI, repitiendo la versión del informante Romo sobre Krassnoff con las manos ensangrentadas y proclamando que Diana Arón era “terrorista y judía además”. Ante tamaña falsedad el brigadier (r) envió al presidente de la comunidad judía residente la cuarta edición del libro biográfico suyo, “Prisionero por Servir a Chile”, de la historiadora Gisela Encina, donde constan las pruebas de su inocencia en la muerte de Diana Arón. “En mi nota –dice Krassnoff– le detallo las fechas de mis comisiones en el extranjero, mi inexistencia participativa en la muerte de su correligionaria y otros aspectos sobre este hecho. Al cabo de un corto tiempo mi envío me fue devuelto con una nota de mala educación (donde) me solicitaba el mentado presidente que yo me abstuviera de escribirle”. La consigna falsa, mil veces repetida, según la receta de Goebbels, había terminado por imponerse.

Las enjoyadas manos de la dirigente comunista reciben tributo nacional y mundial. Las manos de un soldado que salvó a su patria del comunismo merecen ser injuriadas y son publicitadas como llenas de sangre por la posverdad triunfante. Así se escribe la historia, al menos mientras no triunfe la verdad.

Hermógenes Pérez de Arce