Piñera tiene tan alterada la escala de valores que no echa a sus colaboradores cuando los sorprende mintiendo, sino cuando dicen la verdad. Ahora le ha tocado el turno a Carlos Williamson, a punto de jurar como Subsecretario de Educación  Superior, pero que en una acertada y lúcida carta al diario de 2009 había escrito que el Museo de la Memoria Marxista era “una brutal ditorsión de la realidad histórica que no le hace bien a un país que busca con afán reconciliarse con su pasado y, de paso, hiere a las Fuerzas Armadas chilenas que, al no tener un fundamento de su acción, quedarán sólo como ávidas de poder”. ¡Dijo la verdad! Inaceptable. ¡Fuera! ¡No puede ser subsecretario de este gobierno!

Ya un ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, había ido defenestrado abruptamente por Piñera al comprobársele que había escrito, sobre el mismo Museo, que era “un completo montaje” destinado a “entontecer a la gente”. Lo único que podría observársele sería que la gente no tiene necesidad de ser entontecida, pero igual lo echaron.

Tanto lo escrito por Williamson como por Rojas es la estricta verdad. Dicho Museo es equivalente, como lo escribí en su momento en “El Mercurio”, a que Adolfo Hitler hubiera montado una exhibición para condenar a Churchill como criminal de guerra por haber lanzado bombas de fósforo y quemar a mujeres y niños en Bremen y Hamburgo durante la II Guerra, exhibiendo nada más que testimonios de esto en el museo.

En cambio, el Presidente de la República puede engañar todo lo que quiera, como cuando aseveró que en la Reforma Previsional se iba a respetar el derecho de los trabajadores a determinar la institución que manejara su aporte adicional del 4 %, en circunstancias que él mismo está prohibiendo a los trabajadores ejercer esa libertad al impedirles llevar sus fondos al más natural y confiable administrador de ellos, como lo es su AFP, y entregarlos a un ente estatal obligado.

¡Mintió!: ergo sigue en el cargo.

Y en su primera administración Piñera le aseguraba al país que su patrimonio estaba siendo administrado por un fideicomiso ciego, del cual él nada sabía y que cumplía en exceso las exigencias impuestas por las leyes, en circunstancias que estaba sacando el 72 % de ese patrimonio a paraísos fiscales del exterior, previo haberlo transferido a sociedades de sus hijos y sus nietos. Todo mientras subía los impuestos a quienes mantenían sus haberes a su propio nombre y en Chile. Es que todo se le perdonaba, porque nunca nadie lograba sorprenderlo diciendo la verdad.

Esto último es lo que cuesta el cargo.

Lo peor es que los castigados por decir la verdad procuran remediar su “imperdonable error” emitiendo improperios contra el gobierno militar del cual alguna vez fueron partidarios. Williamson afirma que no quería “justificar las atrocidades que vinieron después” y repite la consigna impuesta por el rector Peña en “El Mercurio” sobre “torturas y desaparición de civiles”, en circunstancias que los regímenes más fundadamente acusados de torturas en Chile fueron los de Frei Montalva, por cien abogados socialistas en 1970, y del propio Allende, por el acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973. Resulta pintoresco recordar al efecto cuando Peña fulminó a su colega columnista del diario, Lucía Santa Cruz, por haber ésta justificado su voto Sí en 1988 cohonestando, según Peña, “las torturas”, en circunstancias que el propio  marido de ella había sido objeto de pública e impune tortura con electricidad a manos del subdirector de Investigaciones Carlos Toro, comunista, en pleno régimen de Allende, sin que Carlos Peña haya jamás protestado por esta violación pública, comprobada (“El Mercurio”, 27.01.72) e impune de los derechos humanos.

Vivimos bajo un clima moral lamentable, cuyo derivado es que los terroristas están libres y quienes persiguieron sus delitos están presos. Dentro de esa lógica social, es natural que quienes son sorprendidos diciendo la verdad sean exonerados por los que mienten por sistema y, por tanto, tienen sus cargos asegurados.

Hermógenes Pérez de Arce