¿Seguridad pública a la deriva?

Catalina Mertz

Catalina Mertz K. Directora ejecutiva Fundación Paz Ciudadana

Que la victimización haya bajado el año 2015, según la última encuesta de Paz Ciudadana-GfkAdimark, es un mejor resultado estadístico, pero no puede ser motivo de satisfacción. Chile mantiene niveles de victimización un 30% más alto que a principios del año 2000, y esta solo desciende en sectores más acomodados, pero se estanca en los estratos socioeconómicos más bajos. Son siempre los pobres a los que más les afecta la delincuencia y los que tienen el mayor temor.

Su temor probablemente está además influido por situaciones o delitos distintos de los medidos por la encuesta -centrada solo en los robos o intentos de robo-, tales como el aumento del accionar de las pandillas en los barrios, el narcotráfico, las balaceras y otras manifestaciones de la violencia urbana, sobre las cuales no hay datos oficiales ni estrategias institucionales conocidas para abordarlas.

Paco - ladrónEn la práctica, los planes nacionales de seguridad pública tienen una injerencia marginal en cómo se gasta el presupuesto de seguridad, que hoy asciende a más de $2 billones, pero que se encuentra altamente concentrado en las policías y el Ministerio Público. Si a este presupuesto sumamos las organizaciones a cargo de hacer valer las sanciones y otras relacionadas, una estimación muy generosa permite concluir que gastamos $9 de cada $10 en reaccionar y no a anticiparnos y prevenir delitos; la clave para tener resultados en la calle.

Hoy, prácticamente ninguna institución del sistema del área de la seguridad y justicia cuenta con planificaciones de mediano o largo plazo, ni con una gestión centrada en resultados que revierta esta situación.
Tampoco hay estadísticas de quebrantamiento de las penas que se cumplen en libertad por parte de jóvenes y adultos, ni estudios de reincidencia periódicos, ni siquiera inhibidores de señales de celular en nuestras cárceles, siete de las cuales tienen más de 200% de sobrepoblación.

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La ciudadanía clama por mayor seguridad, pero la valoración que hace de sus instituciones demuestra no solamente una falta de confianza, sino que una franca desesperanza en cuanto a que se estén haciendo las cosas bien. La «mano dura» o el solo aumento de penas de reclusión, como lo promueve la agenda corta en tramitación en el Congreso Nacional, no logran revertir la mala evaluación del Gobierno y los senadores y diputados, que caen a una pobre nota de 2,9 y 2,3, respectivamente.

Lo que se requiere con urgencia es hacer valer las leyes que hay, mejorar la gestión y coordinación institucional e impulsar -desde el ámbito político- con decisión las modernizaciones que el Estado requiere con urgencia en esta área, y que hoy no están en la agenda pública.

 

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