Catalina Mertz K. Directora ejecutiva Fundación Paz Ciudadana

Que la victimización haya bajado el año 2015, según la última encuesta de Paz Ciudadana-GfkAdimark, es un mejor resultado estadístico, pero no puede ser motivo de satisfacción. Chile mantiene niveles de victimización un 30% más alto que a principios del año 2000, y esta solo desciende en sectores más acomodados, pero se estanca en los estratos socioeconómicos más bajos. Son siempre los pobres a los que más les afecta la delincuencia y los que tienen el mayor temor.

Su temor probablemente está además influido por situaciones o delitos distintos de los medidos por la encuesta -centrada solo en los robos o intentos de robo-, tales como el aumento del accionar de las pandillas en los barrios, el narcotráfico, las balaceras y otras manifestaciones de la violencia urbana, sobre las cuales no hay datos oficiales ni estrategias institucionales conocidas para abordarlas.

En la práctica, los planes nacionales de seguridad pública tienen una injerencia marginal en cómo se gasta el presupuesto de seguridad, que hoy asciende a más de $2 billones, pero que se encuentra altamente concentrado en las policías y el Ministerio Público. Si a este presupuesto sumamos las organizaciones a cargo de hacer valer las sanciones y otras relacionadas, una estimación muy generosa permite concluir que gastamos $9 de cada $10 en reaccionar y no a anticiparnos y prevenir delitos; la clave para tener resultados en la calle.

Hoy, prácticamente ninguna institución del sistema del área de la seguridad y justicia cuenta con planificaciones de mediano o largo plazo, ni con una gestión centrada en resultados que revierta esta situación.
Tampoco hay estadísticas de quebrantamiento de las penas que se cumplen en libertad por parte de jóvenes y adultos, ni estudios de reincidencia periódicos, ni siquiera inhibidores de señales de celular en nuestras cárceles, siete de las cuales tienen más de 200% de sobrepoblación.

La ciudadanía clama por mayor seguridad, pero la valoración que hace de sus instituciones demuestra no solamente una falta de confianza, sino que una franca desesperanza en cuanto a que se estén haciendo las cosas bien. La “mano dura” o el solo aumento de penas de reclusión, como lo promueve la agenda corta en tramitación en el Congreso Nacional, no logran revertir la mala evaluación del Gobierno y los senadores y diputados, que caen a una pobre nota de 2,9 y 2,3, respectivamente.

Lo que se requiere con urgencia es hacer valer las leyes que hay, mejorar la gestión y coordinación institucional e impulsar -desde el ámbito político- con decisión las modernizaciones que el Estado requiere con urgencia en esta área, y que hoy no están en la agenda pública.